Piden luchar contra la discriminación hacia las personas con discapacidad en Perú

Lima, 16 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo exhortó este sábado al Estado peruano a luchar contra la "discriminación estructural existente" hacia las personas con discapacidad y adoptar medidas urgentes para paliar los impactos de la pandemia en este grupo poblacional, que integran uno de cada diez peruanos.
"Su condición de vida ha empeorado debido a la emergencia sanitaria por la covid-19 y el Gobierno necesita adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales de este sector de la población", señaló en un comunicado el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
Con motivo del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que en Perú se celebra cada 16 de octubre, este organismo autónomo instó a las autoridades del país a "realizar todos los esfuerzos posibles para eliminar la discriminación estructural que enfrentan".
EL 10 % DE LA POBLACIÓN
En el comunicado, la Defensoría recordó que, en el país, hay más de 3,2 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 10,3 % de la población.
Mencionó, además, una encuesta realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que reveló en 2019 que uno de cada tres peruanos con discapacidad sufre discriminación, principalmente en la calle (28 %), en los hospitales públicos o las postas médicas (16 %) y en sus centros laborales (15 %).
"Gran parte de esta población experimenta diversas situaciones de exclusión y discriminación en su vida diaria, como la falta de oportunidades laborales, barreras en la educación, inaccesibilidad en los medios de transporte, así como precariedad y pobreza", añadió el organismo.
En este sentido, la jefa del programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad de la Defensoría, Malena Pineda, declaró que "la inclusión es posible eliminando la percepción capacitista que existe y las tradiciones culturales discriminatorias".
"Es urgente avanzar en el respeto a la capacidad jurídica", añadió Pineda, quien insistió en la necesidad de implementar también "el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en todos los procesos de elaboración de normas, políticas púbicas y servicios relativos a discapacidad, pues son ellas quienes mejor pueden definir cuáles son sus prioridades y expectativas", indicó.