Menores tutelados en el Reino Unido enfrentan un futuro incierto tras el Brexit

Se llaman Adam y Nastashia, son europeos y viven en el Reino Unido, donde, tras una vida caótica, fueron puestos en albergues o familias de acogida. Algunos de estos niños corren ahora el riesgo de quedar indocumentados como consecuencia del Brexit.

"Esto significa que dejarán de tener derecho a vivir en el Reino Unido", advierte Marianne Lagrue, responsable del centro jurídico para la infancia Coram.

"Ya no podrán acceder a la sanidad gratuita, ni trabajar, ni recibir prestaciones, ni alquilar una vivienda, ni aprender a conducir, ni tener una cuenta bancaria", explica a la AFP.

A los 18 años, también corren el riesgo de ser expulsados de un país en el que varios han residido durante mucho tiempo.

Desde que el Reino Unido abandonó totalmente la Unión Europea (UE) el 1 de enero, los ciudadanos de los 27 países del bloque ya no pueden establecerse aquí libremente.

Las normas de inmigración se han endurecido para los recién llegados, pero quienes ya estaban en suelo británico al 31 de diciembre de 2020 pueden conservar sus derechos a condición de solicitarlo antes de este 30 de junio.

Ya se han concedido unos 5 millones de permisos de residencia temporal o permanente en el marco de este programa, lanzado en 2019 y que el gobierno británico considera todo un "éxito".

Pero si resulta sencillo para algunos, puede provocar muchas complicaciones a otros.

"Es fácil si tienes un trabajo, eres bueno con la tecnología digital y dispones de todos tus documentos", afirma Azmina Siddique, responsable de The Children's Society.

Es mucho más complicado para los niños tutelados o los jóvenes adultos que han estado tutelados: algunos tienen dificultades para demostrar su identidad, aportar los documentos de residencia necesarios u obtener el apoyo necesario para los trámites, que son responsabilidad de su tutor legal o de las autoridades públicas.

- "Desprotegidos" -

Coram cita el ejemplo de Adam, un niño rumano de cuatro años nacido en Londres y separado de su madre. No puede obtener un pasaporte de su embajada -su padre, cuyo consentimiento es necesario, es desconocido- y los trabajadores sociales no logran demostrar dónde vivía antes de ser puesto bajo tutela estatal.

También está Nastashia (nombre ficticio), de 17 años, que rompió con su familia. Nacida en el Reino Unido, no tiene pasaporte y ha tenido grandes dificultades para registrarse en el programa.

"Muchos ni siquiera se dan cuenta de que no son británicos", explica Siddique, para quien el impacto puede ser "muy traumático" y "frenarles en la vida".

Es muy difícil saber el número exacto de menores europeos tutelados, ya que no se recogen las nacionalidades de los niños acogidos en el Reino Unido, donde no existe tarjeta de identidad.

Según el Ministerio del Interior, 3.660 jóvenes vulnerables (de hasta 25 años) han sido identificados como elegibles para obtener el estatus de residencia, de los cuales el 67% lo había solicitado a finales de abril.

Pero esta cifra está muy infravalorada, según las asociaciones que la estiman en hasta 9.000.

El ministerio asegura estar trabajando "estrechamente" con las asociaciones y las autoridades locales y prometió aceptar solicitudes tardías si hay "motivos razonables".

Pero esto no es suficiente para Siddique: a partir del 1 de julio, los niños que no hayan hecho el trámite estarán "desprotegidos" hasta que presenten una solicitud de regularización y esta sea aceptada.

El intervalo puede prolongarse durante años, afirma, y exponer a estos menores a la política hostil del ejecutivo hacia los inmigrantes.

"Estos niños podrían convertirse en la próxima generación Windrush", advierte, en referencia al trato que recibieron miles de inmigrantes caribeños que llegaron legalmente al Reino Unido entre 1948 y 1971, pero que fueron privados de sus derechos por carecer de documentos necesarios.

En términos más generales, según el grupo de reflexión UK in a Changing Europe, hasta cientos de miles de personas podrían quedar sin estatus de residente, entre ellas ancianos, personas sin hogar, víctimas de la violencia doméstica o niños cuyos padres suponen erróneamente que están cubiertos por el suyo.

"Si el gobierno no es capaz de regularizar a los niños a su cargo, ¿qué pasa con los niños de familias vulnerables (...) o los adultos vulnerables?", se pregunta Lagrue.

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