Justicia francesa examinará caso de actividades de cementera francosuiza en Siria

El Tribunal de Casación de Francia examinará el martes puntos cruciales de la investigación sobre las actividades en Siria -hasta 2014- del cementera francosuiza Lafarge, acusada de financiar a grupos yihadistas.

Más de un año y medio después de la anulación por el Tribunal de Apelación de París de la acusación del grupo por "complicidad en crímenes de lesa humanidad", el Tribunal de Casación se ocupará de seis recursos interpuestos en este asunto, en el que el cementera sigue siendo acusada por "financiación del terrorismo".

El Tribunal de Casación sólo examinará el asunto en cuanto a la forma y no a los hechos, sobre la pertinencia de las gravísimas figuras penales -"financiación de una empresa terrorista, "complicidad en crímenes de lesa humanidad"-.

Lafarge y dos antiguos responsables del grupo, el exdirector de seguridad de la empresa Jean-Claude Veillard y uno de los antiguos directores de la filial siria, Frédéric Jolibois, impugnan las diligencias en su contra.

Por otra parte, las asociaciones defienden su derecho a ser partes civiles en el caso, y antiguos empleados de Lafarge en Siria luchan contra la anulación de la acusación del cemento por "complicidad en crímenes contra la humanidad".

El grupo, fusionado en 2015 con el suizo Holcim, es sospechoso de haber pagado en total, a través de su filial siria, LCS, casi 13 millones de euros (casi 16 millones de dólares) en 203 y 2014 para mantener su usina de Jalabiya, en tanto el país se sumía en la guerra.

Parte de este monto fue pagado al grupo yihadista Estado Islámico (EI), a título de "impuesto" para poder mantener sus actividades sin ser molestada.

También se sospecha que el grupo vendió cemento de la fábrica al EI y pagó a intermediarios para que adquirieran materias primas de las facciones yihadistas.

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