Estado de Virginia Occidental abre juicio a fabricantes de opiáceos en EEUU

Fabricantes y distribuidores de remedios de Estados Unidos enfrentan millonarias demandas por fomentar la adicción a los opiáceos durante un juicio abierto el lunes en West Virginia; uno de los estados más devastados por esta epidemia.

Grandes compañías, entre ellas Purdue Pharma -la pionera en quiebra del OxyContin-, la cadena de distribución AmerisourceBergen y la red de farmacias CVS, están acusadas por la ciudad de Huntington y sus condados vecinos de verter analgésicos altamente adictivos en el estado y de alimentar la generalizada adicción y las sobredosis que aún persisten.

Más de 400.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos desde comienzos de los años 2000 cuando los fabricantes de drogas que requieren receta médica, como oxicodona e hidrocodona, comenzaron a venderse en las farmacias con pocos controles.

El estado de Virginia Occidental tiene la mayor tasa de adicción del país y las muertes por sobredosis casi triplican la tasa nacional.

"Entre 2006 y 2014, fabricantes y distribuidores de opiáceos recetados inundaron el estado de Virginia Occidental con 1.100 millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona", afirma la demanda.

Una de las más de 3.000 acciones similares presentadas en el país, la de Huntington se convirtió en el centro de los esfuerzos para hacer que las empresas paguen por los costos sociales y médicos de la epidemia de adicciones.

Una demanda presentada en Cleveland, Ohio, no consiguió encaminar un acuerdo judicial nacional y el foco pasó ser Huntington.

En el caso de Cleveland los principales acusados - McKesson Corp., AmerisourceBergen, Cardinal Health y Teva Pharmaceuticals- llegaron a un acuerdo con los demandantes para indemnizar con 260 millones de dólares a dos condados.

Ese acuerdo evitó que un juez federal tomara el caso, lo cual podría haber sido un modelo para las demandas de otras ciudades, condados y grupos de nativos estadounidenses. Las sumas reclamadas llegaban a decenas de millones de dólares.

Fabricantes y cadenas de farmacias acusan a los médicos de excederse en la prescripción de esos remedios, lo cual, a su vez, generó un mercado negro que operó durante 15 años hasta comienzos de 2015.

Empero el gobierno federal procesó, encarceló o multó a cientos de médicos, farmacias y fabricantes por sus magros controles a la venta de opiáceos.

Desde el endurecimiento del control a los opiáceos legales, muchos de sus adictos se volcaron hacia la heroína ilegal y al fentanilo, lo cual prolongó la epidemia y el panorama empeoró con los encierros ordenados por el covid-19.

La agencia de control de enfermedades de Estados Unidos estimó que unas 90.000 personas murieron por sobredosis el año pasado, de las que casi tres cuartas partes fueron atribuidas a los opiáceos.

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