Oficialismo impulsa polémica reforma electoral en Nicaragua

Los diputados del partido gobernante de Nicaragua impulsaron este martes la discusión en el Congreso de un proyecto de reformas electorales, rechazado por la oposición, que asegura que no cumple sus demandas de apertura política para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.

El proyecto, que será estudiado por una comisión especial del Parlamento, incorpora una ley, aprobada en diciembre por el oficialismo, que prohíbe optar a cargos de elección popular a quienes "inciten a la injerencia extranjera, demanden y aplauden sanciones contra Nicaragua", según el texto publicado por el legislativo.

La norma hace referencia a los opositores que apoyan las sanciones internacionales, principalmente las que han sido adoptadas por Estados Unidos en los últimos tres años contra cerca de una treintena de funcionarios del gobierno nicaragüense por corrupción y violación de los derechos humanos.

Las medidas fueron implementadas tras la violenta represión de las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron más de 300 muertos y que el gobierno atribuyó a un fallido golpe de Estado de sus opositores.

La propuesta de reformas también busca impedir la participación en los comicios de quienes reciben fondos del exterior para sus organizaciones, que son regulados por una polémica ley de agentes extranjeros aprobada el año pasado.

El proyecto plantea, además, mantener el control del partido del presidente Daniel Ortega sobre los consejos electorales que se abren en los departamentos y municipios durante el proceso electoral.

Esta reforma, "de aprobarse, constituiría un retroceso más en la institucionalidad democrática del país, frustrando la posibilidad de celebrar elecciones libres, transparentes, observadas y justas", protestó el bloque opositor de la Coacción Nacional (COA) en un comunicado.

A su juicio, el proyecto busca "evitar la competitividad de la oposición, frente a un adversario que se reserva todas las ventajas para imponer su continuidad en el ejercicio del poder".

Los partidarios de Ortega, quien gobierna desde 2007 tras dos reelecciones calificadas de fraudulentas por la oposición, no descartan postular al mandatario de 75 años para un cuarto mandato sucesivo.

El bloque opositor advirtió que las reformas propuestas por el oficialismo "no recogen las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos) en octubre de 2020", en la que instó a Nicaragua a mejorar su sistema electoral.

La disidencia sandinista, que forma parte de la alianza opositora, estimó por su parte en otro comunicado que el proyecto cierra "las puertas a una real observación electoral" y trata de "asfixiar económicamente a la oposición, prohibiendo que reciba cualquier donación de nicaragüenses en el exterior".

El Parlamento, bajo el control del oficialismo, también se dispone a nombrar en las próximas semanas a nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuyos cargos son ocupados actualmente por aliados del gobierno.

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