La oposición intenta movilizarse contra el gobierno en Bielorrusia

Los partidarios de la oposición en Bielorrusia intentaban el jueves con cautela dar nueva vida al gran movimiento de protesta de 2020, debilitado por la represión del régimen de Alexander Lukashenko.

El presidente de esta exrepública soviética, en el poder desde 1994, se enfrentó el año pasado a protestas de gran magnitud histórica tras su controvertida reelección en agosto, denunciada en Occidente.

Pero la protesta, que reunió hasta 100.000 manifestantes pacíficos varios domingos sucesivos en su apogeo, fue progresivamente apagada con detenciones masivas, violencia con saldo de cuatro muertos, y fuertes penas de cárcel que siguen siendo aplicadas.

A inicios de febrero, Alexandre Lukashenko, de 66 años, aseguró haber triunfado frente al "Blitzkrieg" fomentado, según él, por la oposición a la que denuncia como secuaz de los occidentales.

La principal opositora bielorrusa, Svetlana Tijanóvksaia, en el exilio en Lituania, llamó a los ciudadanos a movilizarse el jueves tras un invierno caracterizado por la represión, pese a las sanciones europeas y estadounidenses contra el régimen, que se jacta del apoyo ruso.

"El mundo entero cree en ustedes", proclamó en la mensajería Telegram, y llamó a cada bielorruso "a creer en sí" mismo y "manifestarse en la primavera".

Todos los 25 de marzo, la oposición conmemora el "Día de la libertad" en referencia a la declaración de un Estado bielorruso independiente en 1918, derrocado meses más tarde por los bolcheviques, que instauraron allí una república soviética.

- Máquina judicial -

El popular medio de comunicación NEXTA, que coordina las protestas, convocó marchas en los patios de los edificios "por las rutas más seguras". También aconsejó otras protestas menos visibles como disparar fuegos artificiales por la noche y hacer sonar las bocinas de los coches a las 18H30 horas.

Mientras tanto, muchos bielorrusos colgaron o pintaron banderas rojas y blancas, los colores de la oposición, en las paredes de los edificios de todo el país, según las imágenes publicadas en las redes sociales.

En Minsk, la capital, y en otras ciudades, las fuerzas del orden habían anunciado que las manifestaciones estaban prohibidas y los manifestantes se expondrían a detenciones.

La oenegé especializada Viasna informó a media tarde de que se habían efectuado unos 20 arrestos, incluidoss "arrestos preventivos", mientras que los medios de comunicación independientes informaron de la presencia de vehículos militares en el centro de Minsk

La semana pasada, un viceministro del Interior, Nikolaï Karpenkov, afirmó estar seguro que solo "algunas decenas" de personas participarán en esas acciones.

En el verano y el otoño boreales pasados, las marchas que pedían la salida de Alexandre Lukashenko reunían cada fin de semana a decenas de miles de personas, antes de debilitarse frente a la presión policíaca.

Los opositores cambiaron luego de táctica y optaron un tiempo por pequeñas manifestaciones dispersadas, o veladas en los patios de los edificios.

"Muchas personas ya no se arriesgan, aunque quieran muchos cambios. Pues comprenden que el precio a pagar es muy elevado", dice el politólogo Alexandre Klaskovski, del centro de reflexión Belapan.

Paralelamente, los tribunales trabajan a toda máquina en los procesos contra manifestantes, entre ellos periodistas, a veces acusados de haber organizado "disturbios masivos" o cometido actos de "violencia" contra la policía.

A mediados de marzo la fiscalía general del país indicó que más de 400 personas fueron condenadas en ese marco. Hasta ahora, la pena más severa aplicada fue de 10 años de cárcel, según defensores locales de derechos humanos.

Los principales opositores fueron encarcelados u obligados al exilio, como le ocurrió a Tijanóvskaia.

El jueves, la policía también registró los domicilios de varios miembros de una organización que representa a la minoría polaca.

La fiscalía bielorrusa dijo que se había abierto una investigación contra la jefa de esta organización por "incitación al odio étnico y religioso". Anjelika Boris fue condenada el miércoles a 15 días de prisión por manifestarse sin permiso.

La presión fue condenada por Varsovia, que apoya a la oposición, y por la Unión Europea, que el jueves pidió la liberación "inmediata e incondicional" de Borys, denunciando en un comunicado una "escalada de la represión" en el país.

Por su parte, los Estados bálticos (Lituania, Estonia y Letonia) anunciaron que habían reforzado sus sanciones prohibiendo la llegada a su territorio de más de un centenar de funcionarios bielorrusos.

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