La familia Sackler, propietaria de la farmacéutica Purdue, acordó pagar 4.280 millones de dólares para resolver las demandas que la acusan de alimentar la llamada crisis de los opiáceos, desatada al dispararse los casos de sobredosis en Estados Unidos.
La propuesta, que mejora la anterior oferta hecha por la compañía, es parte del plan presentado la noche del lunes para sacar de la bancarrota a Purdue, después de que en octubre pasado aceptara declararse culpable por la agresiva promoción de su analgésico opioide OxyContin.
Según los términos del acuerdo sellado en aquel momento con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la farmacéutica planea disolverse para crear una nueva empresa que tendría como objetivo ayudar a resolver la crisis, indemnizando a los diversos actores que la sufrieron, así como desarrollando fármacos contra las sobredosis y la dependencia.
Purdue propone realizar un pago inicial de 500 millones de dólares en efectivo al salir de la bancarrota y sumarle alrededor de 1.000 millones para fines de 2024 de los ingresos generados por el nuevo negocio.
El laboratorio con sede en Connecticut estima además que los tratamientos que tiene planes de desarrollar y distribuir a precio de costo agregarían un valor de 4.000 millones.
La familia Sackler pagaría por su parte 4.275 millones de dólares, además de la multa de 225 millones ya prevista, desembolsados en el correr de nueve años.
Originalmente se había ofrecido a pagar 3.000 millones.
La reestructuración costaría un total de 10.000 millones de dólares.
El plan de salida de quiebra presentado por Purdue prevé asimismo crear nuevas entidades administradas por fideicomisos para satisfacer las demandas de los diversos actores implicados: las autoridades estatales y locales, las tribus nativas estadounidenses, el personal de salud y las víctimas.
Fiscales de diferentes estados que procesaron a la familia Sackler ya han expresado su "decepción" con el plan.
"Si bien contiene mejoras sobre la propuesta que había presentado Purdue y que nosotros habíamos rechazado en septiembre de 2019, no está a la altura de lo que las familias y los sobrevivientes se merecen", escribieron varios de ellos en un comunicado conjunto.
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