CIUDAD GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, designó el miércoles a su abogada y secretaria general de su gobierno como integrante de la Corte de Constitucionalidad, lo que ha generado preocupación por un posible retroceso en la lucha contra la corrupción.
La Corte de Constitucionalidad es el último eslabón en la justicia guatemalteca, adonde llegan todos los procesos electorales, jurídicos y penales, por lo que su integración ha sido tema incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La jueza designada, Leyla Lemus Arriaga, de 47 años, es doctora en Derecho y abogada y es considerada la mano derecha de Giammattei, con gran influencia en su gobierno. Ha sido señalada de traficar influencias para favorecer a gente cercana en negocios con el Estado.
El Ministerio Publico se negó a investigarla después de que Lemus rechazó entregar información en una investigación judicial que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) requería.
La activista Carmen Rosa de León dijo que la elección de Lemus es un reflejo de la cooptación sistemática del Estado desde el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) y que Giammattei está perfeccionando.
“Lo que se está buscando son operadores políticos y de impunidad y no magistrados, por parte de mafias”, sostuvo.
Por su parte, el diputado opositor Román Castellanos dijo en su cuenta de Twitter que “el régimen de corrupción e impunidad que ahora preside Giammattei se consolida poniendo magistrados que le garanticen protección mientras se roban los recursos públicos de un pueblo sumido en la precariedad y la miseria”.
Hay mucho en juego porque el próximo tribunal probablemente decidirá el destino de políticos, jueces y empresarios acusados de corrupción como el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), militares condenados por crímenes de lesa humanidad y la potencial candidatura de Zury Ríos Sosa, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, a quien la constitución le prohíbe participar en elecciones.
El tribunal está integrado por cinco magistrados y cinco suplentes que duran cinco años en el cargo y son designados y electos por cinco instituciones. El Congreso eligió la semana pasada a un magistrado titular y al suplente Luis Rosales Marroquín, abogado de Ríos Sosa. También eligió el Colegio de Abogados de Guatemala y la Universidad de San Carlos. El presidente y la Corte Suprema eligieron a los miembros restantes.
Además la Corte Suprema designó el miércoles a Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. Barreto es abogado y fue excandidato a la vicepresidencia con Ríos Sosa.
Giammattei también designó a Juan José Samayora Villatoro, un abogado y trabajador de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, como magistrado suplente a la Corte.
En una sesión de gabinete de gobierno transmitida en directo, pero donde no se discutió la honorabilidad, capacidad, ni idoneidad de los postulantes, Giammattei eligió a Lemus de tres candidatos que le habían propuesto sus ministros.
La única oposición fue la del vicepresidente Guillermo Castillo, quien pidió una discusión transparente, citar a los candidatos y conocer sus experiencias en temas constitucionales y propuso una lista de siete postulantes que no fueron tomados en cuenta. Giammattei le negó la petición.
En la breve sesión se leyeron los nombres de los posibles jueces, se descartaron algunos por no reunir la papelería necesaria y se dejaron sólo los tres candidatos propuestos por los ministros.
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