Grupos paramilitares unionistas de Irlanda del Norte, visceralmente apegados a la corona británica, anunciaron que retiran su apoyo al Acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998 debido al nuevo estatuto posbrexit de la provincia, que provoca tensiones entre Londres y Bruselas.
En una carta al primer ministro Boris Johnson, el Loyalist Communities Council (LCC) anunció que "retira su apoyo al Acuerdo de Belfast y a sus instituciones hasta que se restablezcan nuestros derechos en virtud de dicho acuerdo".
El LCC representa a tres grupos responsables de muchas muertes durante las tres décadas de conflicto norirlandés, que enfrentó a unionistas protestantes y católicos republicanos partidarios de la anexión a la República de Irlanda.
No obstante, precisó el LCC, esta oposición unionista al estatuto especial establecido para Irlanda del Norte en el acuerdo de Brexit es "pacífica y democrática".
Su anuncio refleja sin embargo el impacto del Brexit en el delicado equilibrio que mantiene la paz en esa provincia británica de conflictiva historia.
Dicho estatuto, conocido como "protocolo norirlandés", negociado entre Londres y Bruselas para evitar el regreso de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda -país miembro de la UE- introduce controles aduaneros a las mercancías que llegan a Irlanda del Norte procedentes de la isla de Gran Bretaña.
Los unionistas denuncian que se trata de una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, que está dificultando el abastecimiento de comercios, principalmente supermercados.
En febrero se suspendieron dichos controles debido a la aparición de mensajes de amenaza contra los agentes de aduanas responsables de dichos trámites, impuestos 1 de enero cuando el Reino Unido abandonó definitivamente el mercado único y la unión aduanera europea.
El LCC suspende su apoyo al Acuerdo de Viernes Santo hasta que se modifique el protocolo para permitir "la libre circulación de bienes, servicios y ciudadanos en todo el Reino Unido".
Las tensiones entre Londres y Bruselas se agravaron el miércoles con la decisión unilateral del gobierno británico de prorrogar seis meses, hasta el 1 de octubre, la suspensión de controles a los productos agroalimentarios que llegan a Irlanda del Norte procedentes de Gran Bretaña.
La UE denunció una "violación" del acuerdo de Brexit y advirtió que responderá "con los medios legales" previstos.
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