Familiares de víctimas y defensores de los derechos humanos protestaron este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COrteIDH) por la impunidad que rodea la masacre de El Mozote, en la que casi 1.000 personas murieron a manos de las fuerzas armadas en El Salvador.
En una audiencia virtual convocada para analizar el cumplimiento de una sentencia condenatoria por la matanza de 1981, ocurrida durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), los afectados se quejaron de que el caso enfrenta obstáculos para avanzar en la justicia local.
"Es triste que muchas víctimas hayan muerto sin ver la justicia", declaró en la audiencia Óscar Claros, cuya hermana fue asesinada en la masacre de 1981. "Esperamos que llegue el día en que las víctimas podamos decir al fin se nos hizo justicia", agregó Claros.
La abogada Camila Ormar, representante de las familias de las víctimas, detalló cómo las fuerzas armadas y el gobierno han negado al juez a cargo del caso, Jorge Guzmán, acceso a sus archivos para investigar el hecho.
Ante ello, la chilena Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por el hecho de que, "habiendo transcurrido más de 39 años, los crímenes de El Mozote permanecen en la impunidad".
La matanza ocurrió entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, cuando el ejército salvadoreño, apoyado por la fuerza aérea, realizó una serie de ejecuciones masivas de civiles en El Mozote y comunidades cercanas, que dejaron 986 muertos, incluyendo 558 niños.
La CorteIDH sentenció al Estado salvadoreño por el caso el 25 de octubre de 2012 al considerarlo responsable de las violaciones de derechos humanos ocurridos en el lugar.
El tribunal ordenó un conjunto de medidas de reparación, incluida la anulación de la ley de amnistía y compensaciones para las víctimas, junto con medidas para mejorar el desarrollo de la zona.
Gloria Martínez, agente del Estado en el caso, detalló que el gobierno ejecutó del programa de desarrollo social integral de El Mozote, que incluye mejoras en las carreteras, proyectos de electrificación y construcción de viviendas.
Martínez aseguró que el gobierno "ha reconocido que las obligaciones estatales y la deuda histórica con las víctimas de El Mozote y lugares aledaños, vuelve necesario una intervención que trascienda lo ordenado por la Corte Interamericana".
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