Recurso judicial en Malasia contra expulsión masiva de migrantes a Birmania

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron un último recurso legal en Malasia para intentar evitar que este martes se expulse a 1.200 migrantes birmanos a su país, donde una junta militar tomó el poder tras un golpe de Estado.

Los migrantes detenidos -algunos de ellos pertenecientes a minorías vulnerables- han sido transportados a una base militar de la costa del oeste de Malasia, donde embarcarán en tres barcos enviados por el ejército birmano.

Estados Unidos y la ONU criticaron esta expulsión y pidieron que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tenga acceso a los prisioneros para ver si algunos son solicitantes de asilo.

Según la ONU, al menos seis personas están registradas en ACNUR y tienen derecho a una protección internacional.

Amnistía Internacional y Asylum Access anunciaron que el lunes presentaron un recurso ante un tribunal de Kuala Lumpur para poner fin a la expulsión.

"Esta iniciativa para impedir la expulsión se basa en informaciones de grupos de refugiados que indican claramente que hay solicitantes de asilo y refugiados entre las personas que se envían de vuelta a Birmania", declaró Katrina Jorene Maliamauv, directora de Amnistía Internacional Malasia.

"Se han documentado ampliamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército birmano contra manifestantes y opositores. Si Malasia insiste en devolver a estas 1.200 personas, asumirá la responsabilidad de exponerlas a más persecución, violencia e incluso la muerte", recalca.

Como los migrantes ya llegaron a la base de Lumut en camiones y autobuses, escoltados por vehículos policiales, no se sabe si se lograría hacer aplicar una decisión judicial en el caso de que se emitiera.

El ejército birmano tomó el poder al comienzo de febrero, derrocando al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, lo que ha desatado manifestaciones multitudinarias.

Malasia expresó su "gran preocupación" por el golpe de Estado, pero días después se supo que había dado su acuerdo para que la junta militar enviara buques de guerra para recoger a los migrantes detenidos.

Los dirigentes malasios dicen que las personas expulsadas han cometido delitos, como tener visados vencidos, y que ningún rohinyá figura entre ellos.

Pero entre los expulsados hay miembros de la minoría cristiana y otros de los estados de Kachin (norte) y Shan (este), según Lilianne Fan, directora internacional de la Fundación Geutanyoe, que trabaja con refugiados.

Malasia acoge a millones de migrantes de las regiones más pobres de Asia, como Birmania, Bangladés e Indonesia, que trabajan por salarios miserables, sobre todo en el sector de la construcción.

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