Un tribunal brasileño impidió que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro derogara el martes las regulaciones que protegen los manglares y otros ecosistemas costeros frágiles, luego de una protesta de los ambientalistas.
Un día después de la decisión del mandatario de eliminar las "zonas de protección permanente" a lo largo de la costa atlántica del país, la jueza federal Maria Carvalho aceptó la demanda de un grupo de abogados contra la medida, "dado el riesgo obvio de daños irreparables al medio ambiente" que causaría, según dijo.
Las áreas protegidas fueron creadas en 2002 para preservar los numerosos manglares tropicales de Brasil y los matorrales de dunas de arena conocidos como "restinga".
Las regulaciones prohíben las construcciones dentro de los 300 metros de la línea de la marea alta en tales áreas, una regla que en repetidas ocasiones impidió que se edificaran hoteles y condominios frente al mar.
Los grupos ambientalistas advirtieron que revocar las regulaciones podría tener un impacto catastrófico sobre el entorno.
El jefe del grupo ambientalista SOS Mata Atlántica, Mario Mantovani, dijo a la AFP el lunes que la medida era "un crimen contra la sociedad".
Bolsonaro, un ultraderechista escéptico del cambio climático, ha favorecido un aumento en la deforestación en la selva amazónica y los humedales del Pantanal desde que asumió el cargo en enero de 2019.
La decisión del lunes se tomó en una reunión del Consejo Nacional del Ambiente (Conama), presidido por el ministro de Ambiente, Ricardo Salles.
El consejo agrupa a funcionarios gubernamentales, grupos ambientalistas y asociaciones empresariales, pero la administración de Bolsonaro ha cambiado drásticamente su composición.
El año pasado, el gobierno emitió un decreto que redujo el número de miembros del consejo de 96 a 23, dando más peso a sus partidarios.
En otras decisiones del lunes, el consejo también derogó una medida que exigía permisos ambientales para proyectos de riego y autorizó a las empresas cementeras a quemar envases vacíos de plaguicidas para reciclarlos, una práctica que, según los ambientalistas, es altamente contaminante.
En una reunión ministerial en abril, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, afirmó que el gobierno debía aprovechar que la atención de la prensa estaba concentrada en la pandemia de coronavirus para hacer "pasar los bueyes", en lo que se interpretó como una instigación a apurar las medidas de flexibilización de los códigos ambientales.
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