Los sueños rotos de un profesor congoleño a la espera de una paz frágil en Ituri

"El futuro es sombrío", dice suspirando Joachim Lobo, un profesor que sueña con "volver a agarrar la tiza" y reencontrarse con sus alumnos si se concretan los esfuerzos por alcanzar la paz en Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo.

"Perdí mi cargo a causa de todas estas estupideces", cuenta a la AFP Lobo, profesor de francés y de filosofía, con un recato y un pudor muy congoleños frente al sufrimiento.

A sus 60 años, este padre de nueve hijos forma parte de las decenas de miles de desplazados que huyeron de la violencia en el norte de Ituri, en los territorios de Djugu y Mahagi.

Según explica, se fue de su pueblo, Sombuso, en 2019. La AFP se reunió con él a 20 km de su localidad de origen, en el campamento de Loda, cerca de una base de los Cascos Azules de la misión de la ONU en el Congo (Monusco).

Las condiciones de vida allí son muy duras. "Ni letrinas, ni comida, ni agua potable, ni atención médica", comenta.

Miembro de la comunidad hema, Lobo afirma que quiere protegerse de los milicianos de la Cooperativa por el Desarrollo del Congo (Codeco).

La Codeco es una secta político-militar. La organización pretende defender a los lendu, otra comunidad de Ituri, de las "molestias" del ejército congoleño y la supuesta opresión de los hema.

Se cree que las milicias lendus son responsables de la muerte de varios centenares de civiles hema y alur (otra comunidad), según Naciones Unidas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció un "crimen contra la humanidad".

Lobo explica que ya durante la gran guerra de 1999-2003, se vio obligado a huir de la violencia. El conflicto causó decenas de miles de fallecidos en esa provincia, rica en oro y fronteriza con Uganda y el actual Sudán del Sur.

En aquel entonces, los lendu y los hema se enfrentaron a través de milicias hasta que en 2003 intervino una fuerza europea, Artemis, comandada por Francia.

Pero en diciembre de 2017 volvió a estallar la violencia. Uno de los desafíos del conflicto es "el control de las tierras por parte de los Lendu", según un informe de Naciones Unidas de principios de año.

Los notables lendu "no apoyan a los asaltantes y denuncian su violencia", según un informe del International Crisis Group (ICG). El gabinete considera que las milicias que matan en nombre de los lendu "serían el resultado de manipulaciones externas, sobre todo políticos congoleños instalados en Kinshasa y en Uganda".

En 2005, Uganda fue condenada por la Corte Internacional de Justicia por haber ocupado Ituri y haber alentado el "conflicto étnico" en la provincia durante el gran conflicto de 1999-2003.

- "Presión militar" -

El presidente Tshisekedi, que asumió el cargo en enero de 2019, denunció un "intento de genocidio" y un "complot" durante su visita a Bunia a principios de julio de 2019, en un momento de explosión de la violencia.

El jefe del Estado había anunciado una operación militar "de gran envergadura" contra los asaltantes. La operación "Tormenta de Ituri" condujo principalmente a la muerte de un jefe de la Codeco.

Un año después, el presidente trató de organizar una cumbre sobre seguridad regional, con cuatro países -incluido Uganda- y envió una delegación de exjefes de guerra del conflicto de 1999-2003 para negociar la rendición de los milicianos prolendu.

Desde entonces, el número de ataques se redujo sensiblemente, según los testimonios recabados por la AFP.

La carretera nacional 27, que conecta a República Democrática del Congo con Uganda, reabrió al tráfico de los camiones matriculados en Uganda y en Kenia. Un eje vital para la importación de carburante y de mercancías procedentes de África del Este en el este de República Democrática del Congo.

Pero los vehículos están escoltados por el ejército, constató un equipo de la AFP.

"La gente tiende a volver a su pueblo. Pero lo que más les preocupa es la seguridad, que vuelva la calma", declaró Dieudonné Kpadyu Mnyoro.

Este comerciante vive refugiado desde marzo de 2020, junto con más de 1.200 familias, en unos edificios en ruinas de la parroquia católica de Fataki, destruida durante la guerra de 1999-2003.

Agathe Gipatho, de 60 años, expresó su escepticismo sobre los esfuerzos de paz actuales. "Tiene que haber presión militar. Se tienen que dar medios consecuentes al ejército para garantizar la seguridad de la población e imponer la paz. Hace falta que la justicia se ocupe de los criminales", consideró esta campesina de 60 años, durante una conversación con miembros de la comunidad alur en Nioka, en el territorio de Mahagi.

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