Bajo presión, el sector agroalimentario de Brasil busca mayor credibilidad

Las grandes empresas brasileñas del sector agroalimentario, bajo presión para poner fin a la deforestación amazónica, aseguran que multiplican los controles sobre el origen de sus productos e instan al gobierno de Jair Bolsonaro a hacer respetar la legislación ambiental.

El caso del mayor productor mundial de carne, JBS, acusado por un consorcio de medios internacionales de "blanquear" ganado procedente de tierras ilegalmente deforestadas, ilustró mejor que nada esa presión.

Marfrig, segundo productor mundial de carne bovina, desarrolló un sistema de vigilancia de sus abastecedores directos en la región amazónica, después que el sector se comprometiera en 2009 a dejar de aprovisionarse en criaderos vinculados a la deforestación.

Ese sistema le permite bloquear la compra de ganado de tierras recientemente deforestadas o criado en zonas protegidas o territorios indígenas.

Pero el grupo admite que sus frigoríficos tienen dificultad en identificar con exactitud el origen de los bovinos cuando estos provienen de criaderos que los compraron en otros lugares.

A fines de julio, Marfrig anunció su intención de integrar en ese sistema, en un plazo de diez años, a todos los proveedores indirectos de la región amazónica y del Cerrado (la sabana brasileña) y de ayudar a los que operan en infracción a mejorar sus prácticas para salir de la "lista negra".

"La rastreabilidad total contribuirá con la preservación ambiental", afirmó en esa ocasión Marcos Molina, que posee el control accionario de Marfrig. La firma espera en particular que el gobierno exija garantías ambientales en el transporte de ganado, aparte de las sanitarias.

JBS y otro girante del sector, Minerva, también indicaron que están mejorando sus sistemas de vigilancia.

Para acceder al mercado europeo, los criadores brasileños deben adherir al Sistema de Certificación de Origen de Ganado Bovino (SISBOV), que exige la trazabilidad de cada res. Para exportar a otros países o en el mercado interno, mayoritario, la adhesión es opcional.

- ¿Efecto publicitario? -

Molina participó el 10 de julio, junto a otros representantes del sector agroalimentario, en una reunión virtual con el vicepresidente Hamilton Mourao, que comanda el Consejo Nacional de la Amazonía.

"Queremos que la selva permanezca en pie. Eso volverá a Brasil más competitivo, en el ámbito del desarrollo de una economía baja en carbono" y frente a consumidores cada vez más exigentes, declaró Marina Grossi, presidenta del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenido (CEBDS), quien también asistió a esa reunión.

Según Grossi, de ese modo se podrá "separar la paja del trigo", dado que la deforestación ilegal "perjudica al país y empaña la imagen de quienes respetan la ley".

Adriana Charoux, responsable de la campaña Amazonía de Greenpeace, ve sin embargo en esas declaraciones meros anuncios publicitarios hasta el momento.

"Esas empresas se movilizan solo cuando les duele en el bolsillo para hacer lo que deben: mejorar la transparencia y presionar al gobierno", dijo Charoux a la AFP.

Pero "se mantienen muy silenciosas respecto al desmantelamiento de los organismos públicos de control ambiental" puesto en marcha desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro en 2019, agregó la dirigente de la oenegé ecologista.

En Brasil "existen las herramientas para ejercer la vigilancia, pero falta voluntad política", subrayó.

- La soja, "contaminada por la deforestación" -

Algo similar ocurre con la soja.

Desde la moratoria de 2006, los negociantes brasileños se comprometieron a dejar de comprar granos procedentes de tierras deforestadas ilegalmente en la región amazónica.

Ello condujo a la creación de un sistema de trazabilidad que "nos permite verificar si el área donde la soja fue plantada está bajo embargo", explica André Nassar, presidente de la Asociación Brasileña de Aceites Vegetales (Abiove). "Pero la identificación de las infracciones corresponde a los poderes públicos", aclara.

El cultivo de soja se desplazó desde entonces al Cerrado.

Y si actualmente menos de 10% de las propiedades rurales de esas dos regiones practican la tala ilegal, un 20% de las que plantan soja deforestan sin autorización una parte de sus tierras para destinarlas a otros fines, según una investigación publicada en julio por la revista Science.

Su grano, entonces, está "contaminado" por esa práctica.

"Corresponde a las autoridades actuar en esas zonas para imponer el cumplimiento del Código Forestal", afirma Sergio Mendes, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores de cereales (Anec).

El ministerio de Agricultura no respondió hasta el momento a la solicitud de contacto de la AFP.

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