CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Efectivos de la marina de México presuntamente secuestraron a 27 personas en la ciudad de Nuevo Laredo, limítrofe con Estados Unidos, a principios de 2018 y 12 de ellas posteriormente fueron encontradas sin vida, de acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos también señaló el martes que los marinos habían violado el “derecho a la vida” de las víctimas aunque se abstuvo de afirmar que ellos los hubieran asesinado.
Según el organismo, los marinos efectuaron “cateos ilegales y detenciones arbitrarias”. La comisión emitió recomendaciones no vinculantes de que se inicien investigaciones penales y se realicen cambios en los procedimientos de patrullajes de la Marina
El martes, la Marina escribió en su cuenta de Twitter que las observaciones “fueron aceptadas respecto a los puntos recomendatorios”.
En Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas y del otro lado de la frontera con Laredo, Texas, se libraba en aquellos momentos un enconado combate contra el cartel del Noreste, una derivación del antiguo cartel de Los Zetas.
Aunque los efectivos de la marina desempeñaron un papel preponderante en la lucha contra el narcotráfico en los gobiernos anteriores, su participación ha quedado reducida durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Marina ha dicho que miembros armados de los cárteles a veces utilizan uniformes militares falsos y conducen vehículos con distintivos castrenses, pero la comisión señaló que esa no era una defensa adecuada.
La comisión también señaló que encontró inconsistencias, como alteraciones en la identificación de vehículos en los informes de los incidentes de la Marina.
Los testigos dijeron en diversas ocasiones a los investigadores que efectivos de la marina o personas que llevaban uniformes de la marina secuestraron a sus familiares cuando conducían o caminaban por las calles en Nuevo Laredo, a principios de 2018.
Los secuestradores también ingresaron por la fuerza en algunas viviendas y negocios y se llevaron a personas sin órdenes de cateo o arresto, a veces utilizando vehículos de la policía o sin identificaciones oficiales.
Nunca más se supo de 15 personas, mientras que otros 12 cuerpos acribillados fueron descubiertos en las siguientes semanas, la mayoría de ellos arrojados en carreteras o fincas rurales.
En septiembre de 2018, la Marina dijo en un comunicado que 230 efectivos y 27 oficiales que estuvieron de misión en la zona en esas fechas fueron enviados de regreso a los cuarteles de la armada en la ciudad de México para que cooperaran en las investigaciones.
La Marina dijo entonces que “en este y en todos los casos en que personal naval sea probable responsable de violaciones a derechos humanos, actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y contundencia”.
Sin embargo, se desconoce si se presentaron acusaciones relacionadas con las desapariciones. La comisión exhortó a los fiscales civiles y a los investigadores de asuntos internos militares a continuar con las pesquisas.
La comisión también solicitó que se videograben los patrullajes y que el personal militar no utilice vehículos civiles.
El organismo presentó un informe similar en el que implicó a marinos en la desaparición de cinco personas secuestradas de un motel en Ciudad Camargo, Tamaulipas, en octubre de 2016, entre las que había algunos ciudadanos estadounidenses. No se volvió a saber nada de esas personas.
La comisión dijo que los marinos arrancaron las cámaras de seguridad del motel en un aparente intento por encubrir los secuestros.
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