Gobierno hondureño pide al Congreso derogar polémico código penal

El poder Ejecutivo de Honduras pidió al Congreso derogar un polémico código penal, que entró en vigencia oficialmente este jueves, y que es rechazado por la oposición porque considera que "blinda" a políticos señalados por corrupción y narcotráfico al bajar las penas para esos delitos.

"Con relación al nuevo código penal el poder Ejecutivo estará enviando en las próximas horas una comunicación formal al Congreso Nacional pidiendo que se derogue totalmente o en su caso se hagan reformas", anunció en un Twitter el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

El Congreso había dispuesto el 9 de mayo -por tercera vez y a pedido de organizaciones civiles- el aplazamiento por 45 días de la entrada en vigor del nuevo código, plazo que se cumplió este jueves.

Una decena de organizaciones civiles habían pedido al Congreso a través de una "iniciativa ciudadana", la "no entrada en vigencia" de la norma, pues "vendrá a generar mayor impunidad para los delitos de cuello blanco".

La diputada Doris Gutiérrez, del opositor Partido Innovación y Unidad, dijo a la AFP que el nuevo código "no puede entrar en vigencia" porque "la Constitución establece que no se pueden aplicar nuevas penas en un estado de excepción", aludiendo al toque de queda por la pandemia de covid-19.

El gobierno de Honduras decretó el 15 de marzo un toque de queda nacional para obligar el confinamiento de población para contener la propagación del coronavirus.

Díaz coincidió con Gutiérrez en otro tuit que "no es conveniente la entrada en vigencia de un nuevo código penal en momentos en el que el país sufre una de más grandes pandemias de la historia".

El portavoz del poder Judicial, Melvin Duarte, informó que el estatal Consejo Nacional Anticorrupión (CNA) interpuso este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma.

Con el nuevo código "se están autoblindando los diputados", políticos y empresarios "que fueron acusados de corrupción y narcotráfico" porque se bajan las penas para esos delitos, señaló la legisladora.

La fiscalía, con la ayuda de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH, ente creado por la Organización de Estados Americanos), acusó o investigó a unos 60 legisladores por desvío de fondos públicos a cuentas personales.

Con el nuevo código, los tribunales penales deben abandonar los casos, que antes pasarán antes a la jurisdicción civil.

Asimismo, el presidente Juan Orlando Hernández canceló el tratado de la MACCIH con el argumento de que los señalamientos públicos violaban la "presunción de inocencia" de los acusados.

Altos funcionarios del gobierno hondureño han sido vinculados con el narcotráfico, uno de ellos el exdiputado oficialista Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente.

"Tony" Hernández, quien fue juzgado en un tribunal de Nueva York, aguarda que se dicte sentencia en su contra, que podría llegar a cadena perpetua como "narcotraficante a gran escala".

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