Ejército de Nicaragua rechaza sanciones de EEUU a jefe militar

El ejército de Nicaragua calificó el miércoles como un "acto injerencista" las sanciones impuestas por Estado Unidos al jefe de la institución militar, general Julio Avilés.

"Esa resolución es un acto injerencista, la cual rotundamente rechazamos como Ejército de Nicaragua", afirmó el jefe del Estado Mayor del cuerpo militar, Bayardo Rodríguez, durante una reunión virtual del comité ejecutivo de las Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC).

"Nuestra acción está regida por lo que dice la Constitución y las leyes. En ese marco nosotros seguiremos actuando", señaló Rodríguez, en declaraciones  reproducidas por el privado Canal 10 de Managua.

Avilés, quien en febrero asumió su tercer mandato sucesivo al frente del ejército, fue sancionado el pasado 22 de mayo por Estados Unidos, junto al ministro de Hacienda, Iván Acosta, bajo acusaciones de "apoyar el régimen corrupto" del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007.

Avilés fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, con lo cual todos los bienes y activos que tenga bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedaron bloqueados, y tiene prohibido hacer transacciones con individuos y entidades estadounidenses.

Rodríguez expresó el respaldo de "los generales, coroneles, oficiales superiores y subalternos" de la institución a "la gestión desarrollada por el general Avilés".

"Él es el que tiene y ejerce el mando de la institución y al que guardamos respeto y plena subordinación como soldados de la patria, como profesionales de las armas", subrayó.

Avilés es parte de una veintena de funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados en los últimos dos años por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Las medidas fueron una respuesta a la represión del gobierno de Ortega contra las protestas opositoras que estallaron en 2018, que dejó al menos 328 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de estado.

En septiembre pasado Avilés acusó, sin precisar nombres, a las ONGs locales que apoyaron las protestas, de haber hecho llamados "a leales compañeros" del ejército "para abrir la posibilidad de darle un golpe de estado al gobierno".

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