La UE acuerda poner en marcha demandas colectivas

Compartir
Compartir articulo

La Unión Europea (UE) avanzó en los derechos de los consumidores en el bloque, al acordar la posibilidad de poner en marcha demandas colectivas, anunciaron la Eurocámara y el Consejo de la UE.

Los negociadores de ambas instituciones llegaron el lunes por la noche a un acuerdo, un reclamo "de más de 30 años", según la asociación europea de defensa de los consumidores BEUC.

"Cuando las empresas como Volkswagen pueden ignorar el prejuicio causado a 8 millones de personas (...), muestra lo necesaria que era esta ley de demandas colectivas", celebró Monique Goyens, responsable de la BEUC.

Precisamente, en el caso de los motores diésel trucados, el constructor alemán tuvo que pagar más de 22.000 millones de dólares en compensaciones en Estados Unidos, donde las demandas colectivas son recurrentes.

La negociación del lunes duró más de ocho horas, apuntó en Twitter al término de la reunión Gorian Stefanic, embajador adjunto de Croacia ante la UE, cuyo países negociaba en nombre de los países del bloque.

El ponente de la Eurocámara Geoffroy Didier celebró haber alcanzado un "equilibrio entre la legítima protección de los intereses de los consumidores y la necesaria seguridad jurídica de las empresas".

En abril de 2018, tras escándalos como el Dieselgate, la Comisión Europea revisó la legislación sobre los derechos de los consumidores y propuso harmonizar la posibilidad de presentar demandas colectivas.

Sólo 19 países de la UE permiten esta posibilidad con diversas formas, según la Eurocámara.

El acuerdo alcanzado prevé que cada país permita "al menos una entidad cualificada", tipo oenegé u organismo público, competente para presentar demandas colectivas en nombre de un grupo de consumidores.

Los criterios para designarla variarán según si se trata de un caso nacional o paneuropeo.

En este último escenario, la organización deberá justificar una actividad de defensa de los consumidores durante "al menos 12 meses anteriores a la demanda", indicó la Eurocámara en un comunicado.

Otros de los criterios será justificar la ausencia de fines lucrativos o "la independencia de terceras partes cuyos intereses económicos se opongan a los intereses de los consumidores", agregó.

Para las demandas colectivas nacionales, cada país determinará los criterios que podrán ser los mismos.

El ámbito de aplicación será la protección de datos, los servicios financieros, viajes y turismo, energía, telecomunicaciones, medio ambiente, así como los derechos de los usuarios de aviones y trenes, entre otros.

La Eurocámara insistió en este último caso vistos los problemas relacionados con las restricciones durante la pandemia del nuevo coronavirus, máxime cuando muchos pasajeros tuvieron problemas para recuperar el dinero por sus vuelos anulados.

Tanto la Eurocámara como el Consejo de la UE deben confirmar ahora el acuerdo alcanzado.

mla-tjc/mb