Bolivia: avanza ley para evitar abuso de fuerzas del orden

LA PAZ, Bolivia (AP) — La Asamblea Legislativa de Bolivia, dominada por el partido del expresidente Evo Morales, aprobó el miércoles una ley que regula el estado de excepción para evitar abusos de las fuerzas del orden en medio de una escalada en las tensiones entre el Congreso y el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.

La norma aprobada por la tarde en la Cámara de Diputados tendría que ser promulgada por la mandataria, pero su gobierno ya adelantó su rechazo alegando que la norma pretende restringir las actividades de las Fuerzas Armadas y la Policía en situaciones de conflictividad social. Busca “dejar un país en indefensión”, aseguró el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El avance de esta iniciativa se da después que simpatizantes de Morales hayan culpado a Áñez en reiteradas oportunidades de usar las fuerzas del orden sin ningún control en las protestas ocurridas el año pasado. En octubre de 2019 se produjo una convulsión política y social —en la que se involucraron policías y militares— que derivó en la renuncia y salida del país de Morales y asunción de Áñez. La situación dejó 36 fallecidos.

“Esta ley promueve la confrontación, la convulsión y castiga severamente a la Policía y a las Fuerzas Armadas y protege a los confabuladores”, dijo el diputado Gonzalo Barrientos, del partido Áñez. En contraste, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, mencionó que es para que no se haga un abuso del uso de las fuerzas del orden.

La norma señala que el estado de excepción en Bolivia se considera cuando se “constituya en una amenaza real de un estado de guerra internacional, invasión, ataque de una o más potencias extranjeras o fuerzas irregulares de extrema gravedad e inminente que puedan afectar los intereses”, del país. Asimismo, establece que los miembros de las fuerzas del orden podrán ser procesados y sancionados administrativa, civil y penalmente por los actos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, mientras que los infractores serán multados con el 10% del salario mínimo nacional y se prohíbe las restricciones a la libertad física. Además, señala que “los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”.

La Cámara de diputados aprobó la norma al finalizar la tarde con dos tercios.

Esta reglamentación se da después de 11 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado que fue promovida por el exmandatario actualmente refugiado en Argentina