Pugna gobierno-oposición complica la crisis en Venezuela

CARACAS (AP) — La escalada de la confrontación entre el gobierno y la oposición tras la intervención de dos de las principales fuerzas opositoras cerró el camino a una salida conciliada a la crisis y avizora unos comicios parlamentarios cuestionados en Venezuela.

Los dirigentes de Acción Democrática (AD) y Primero Justicia descartaron el miércoles fracturas dentro de sus partidos y la pérdida del control de sus militantes, aunque reconocieron que el mayor impacto que recibirán por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia será la pérdida de sus tarjetas y símbolos, que ahora pasaron a ser controlados por disidentes de esas organizaciones.

El aumento de las tensiones políticas generó dudas entre analistas y opositores que prevén que tanto el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que realizó la Corte así como las medidas contra AD y Primero Justicia agravarán la crisis y presagian unas cuestionadas elecciones parlamentarias que aunque no tienen fecha se esperan para el segundo semestre de este año.

“No nos van a doblegar”, dijo el miércoles desde la sede de AD el líder opositor Juan Guaidó y descartó que esas acciones puedan desencadenar divisiones dentro del bloque opositor que se ha visto golpeado en los últimos meses por la pérdida de respaldo.

Guaidó, quien reapareció ante los medios luego de permanecer varios meses sin ofrecer declaraciones públicas debido a la cuarentena, afirmó que la oposición debe traducir el descontento contra el gobierno en movilizaciones, aunque no ofreció detalles.

“Se pueden llevar una tarjeta y dos letras pero la militancia está aquí”, dijo a The Associated Press el diputado Carlos Prosperi, secretario de organización de AD, al desechar la posibilidad de que la decisión del máximo tribunal pueda generar una fractura en uno de los partidos más antiguos del país y debilitar aún más a la oposición.

El Tribunal Supremo, que es controlado por el gobierno, suspendió el lunes a la actual directiva de AD encabezada por el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y nombró una “junta directiva ad hoc” presidida por Bernabé Gutiérrez, quien se había distanciado de la dirigencia del partido. Su hermano , José Luis Gutiérrez, fue nombrado por el máximo tribunal directivo del Consejo Nacional Electoral.

Prosperi indicó que Gutiérrez “se fue solo” del partido y que no cuenta con el respaldo de la dirigencia de AD que aseguró que sigue reconociendo a Ramos Allup como el principal líder.

De igual forma, Carlos Ocariz, dirigente nacional de Primero Justicia, desestimó el dictamen de la Corte y dijo el miércoles a la emisora local Onda La Super Estación que “nadie se ha ido ni se van a ir” con el diputado disidente José Brito, quien fue nombrado por el máximo tribunal como presidente de la nueva junta de ese partido.

A las críticas se sumó el excandidato presidencial y dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, quien se refirió a Brito como una “basurilla corrupta”. Brito fue expulsado de la fuerza política a fines del año pasado tras se acusado de favorecer a un empresario vinculado al gobierno y de recibir dinero del oficialismo, señalamientos que rechazó el político.

Capriles dijo la víspera en un video que difundió por Instagram que con la intervención de dos de los principales partidos el gobierno de Nicolás Maduro busca que los sectores opositores “tiren la toalla y pierdan la esperanza” en la posibilidad de un cambio político y que las fuerzas opositoras no participen en las próximas elecciones parlamentarias.

El dirigente descartó que se vaya a prestar para la “farsa” que aseguró que está montando el oficialismo con el apoyo de unos “farsantes disfrazados de opositores” para las próximas elecciones parlamentarias.

En medio del aumento de las tensiones y el avance de la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 3.000 contagiados y 27 fallecidos, Maduro llamó el martes a los miembros de su partido a preparar los candidatos y la maquinaria para las elecciones parlamentarias.

Por su parte, Ignacio Avalos, director de la organización no gubernamental Observatorio Electoral Venezolano, dijo a la AP que las recientes medidas del Tribunal Supremo “empañan” el contexto político y alejan la posibilidad de que resuelva la compleja crisis que azota a la nación sudamericana.

Venezuela está sumida en una compleja crisis económica y social que se ha agravado por una galopante hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional espera que alcance este año 15.000% y una severa recesión que los analistas estiman que podría superar el 20% debido a la depresión mundial generada por la pandemia.

El Tribunal Supremo designó el 12 de junio a los directivos del CNE alegando que la Asamblea Nacional incurrió en una omisión en el proceso de elección de las autoridades electorales. El Congreso anunció el martes que desconocería los nombramientos y convocatorias electorales del nuevo CNE y seguiría adelante con el proceso de selección de las autoridades electorales.

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