La CPI debe estar a la altura en su respuesta tras el ataque de EEUU, según los expertos

La Corte Penal Internacional, un "tribunal falso", según Washington, debe probar su credibilidad con casos que impliquen a las grandes potencias del mundo, como Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, alzó esta semana el tono contra este este tribunal encargado de juzgar atrocidades perpetradas en el mundo, según los expertos.

Trump anunció sanciones económicas para disuadir a la corte con sede en La Haya, fundada en 2002, de procesar a militares estadounidenses por su implicación en el conflicto de Afganistán, después de que la CPI fallara en apelación a favor de la apertura de una investigación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en ese país de Oriente Medio.

"El futuro de la Corte depende de su voluntad de juzgar los 'casos difíciles' en los que hay implicados países poderosos, como Estados Unidos, Israel, Rusia y el Reino Unido", señaló William Schabas, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden.

Estados Unidos, Israel, Rusia o China no son Estados miembros de la CPI, pero sus ciudadanos pueden ser investigados por crímenes supuestamente cometidos en el territorio de cualquier país que forme parte de la Corte.

- "Denunciar a los fuertes" -

"Durante demasiado tiempo, los trabajos [de la CPI] se orientaron hacia países en desarrollo o Estados parias. Hacer que la justicia sea igual para todos significa poder denunciar tanto a los fuertes como a los débiles", agregó Schabas, en declaraciones a la AFP.

Según el profesor, "no hay duda de que la administración Trump es hostil a la mayoría de las instituciones internacionales, pero sobre todo a las que no puede ni dominar ni controlar", un aspecto con el que Washington está "descontento" desde que fuera adoptado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, que entró en vigor en 2002 y que fue ratificado por más de 120 países.

En Estados Unidos también preocupa una eventual investigación contra Israel -un importante aliado de Washington- por crímenes de guerra en Cisjordania y en la Franja de Gaza, según Schabas.

Además, la Casa Blanca denunció la "corrupción" al "más alto nivel" de la jurisdicción de La Haya. Una "calumnia", a ojos de Schabas, para quien se trata del "tipo de 'fake news' del que se alimenta el presidente estadounidense".

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) considera que "ahora le corresponde a los Estados miembros de la CPI traducir en actos sus declaraciones de apoyo", lo que comporta "una plena cooperación con la Corte en sus investigaciones".

- "Ola de solidaridad" -

La Corte debe continuar con su trabajo "sin dejarse disuadir por las intimidaciones y las obstrucciones estadounidenses", declaró Amal Nassar, representante de la FIDH ante la CPI.

Las sanciones norteamericanas "no amenazan la existencia de la Corte en sí", observó Carsten Stahn, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden.

"Curiosamente, los ataques políticos de Estados Unidos pueden volverse en su contra pues pueden crear una nueva ola de solidaridad en un momento en el que la CPI se esfuerza en llevar a cabo reformas internas", apuntó.

Y es que, aunque la CPI condenó a los jefes de guerra congoleños y a un yihadista maliense, fracasó en sus casos más emblemáticos.

La oficina del fiscal quedó muy debilitada por la absolución del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y del exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba.

Mientras, el jefe del Estado sudanés Omar al Bashir, acusado de genocidio y de crímenes de guerra durante el conflicto en Darfur, lleva años eludiendo la justicia internacional. Algunos Estados miembros de la Corte incluso se negaron a detenerlo en su territorio.

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