La justicia de paz en Colombia ordenó este viernes la liberación del general en retiro Jesús Arias Cabrales, condenado por desapariciones forzadas durante el operativo militar para recuperar el Palacio de Justicia tomado por rebeldes del M-19 en 1985.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del acuerdo de 2016 que disolvió a la exguerrilla FARC, aceptó el sometimiento del alto oficial y le "concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada", indicó la entidad en un comunicado.
"El compareciente deberá presentar un compromiso claro, concreto y programado de contribuciones para satisfacer los derechos a la verdad, reparación inmaterial y no repetición", agregó la JEP.
Detenido desde octubre de 2008, Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión en 2011 como coautor del delito de desaparición forzada de "varias" personas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, que dejó 99 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema.
Para entonces el militar, que niega los cargos, se desempeñaba como comandante de la brigada del ejército que desarrolló la operación que permitió, luego de dos días, la recuperación de las instalaciones tras el ataque de la desaparecida guerrilla M-19.
Once personas fueron declaradas desaparecidas, aunque ya se han hallado los cuerpos de media decena. La Fiscalía determinó que varias de ellas fueron sacadas con vida del Palacio de Justicia y luego torturadas y asesinadas por los militares.
Cinco años después de una de sus más repudiadas acciones, el M-19 depuso las armas y varios de sus exmiembros continúan en la vida política tras haber sido amnistiados.
Los 35 guerrilleros que asaltaron la sede murieron en el edificio, mientras varios jefes militares de la época siguen bajo investigación o fueron condenados.
El ataque rebelde y la operación militar posterior derivaron en una condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.
La JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes cometidos en el marco de la conflagración, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros, militares o civiles.
El sistema establece la libertad provisional de rebeldes o militares que hayan cumplido una pena mínima de prisión de cinco años, aunque deben asistir a los tribunales de paz y contar la verdad so pena de perder los beneficios.
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