Las condenas en el mundo relacionadas con el genocidio ruandés

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Numerosos ruandeses han sido condenados por la justicia de su país, la justicia internacional o la de países occidentales, por hechos relacionados con el genocidio de 1994.

La detención el sábado en Francia de Félicien Kabuga, presunto financiero del genocidio, abre la vía a un proceso ante los jueces internacionales.

- Tribunal Penal Internacional para Ruanda -

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) fue establecido por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en noviembre de 1994. Con sede en Arusha (Tanzania), es uno de los primeros tribunales en pronunciarse sobre acusaciones de genocidio.

Ha dictado varias docenas de condenas, que van hasta la cadena perpetua, pero también absoluciones.

Desde su cierre en 2015, un mecanismo de seguimiento de los Tribunales Penales de las Naciones Unidas (MTPI) está encargado de completar su labor.

El TIPR condenó a 30 años de prisión al exministro ruandés Augustin Ngirabatware, condena confirmada en septiembre de 2019 por la justicia internacional, tras una revisión de su juicio.

- Justicia ruandesa -

Desde el comienzo de los juicios de presuntos genocidas en 1996, 22 personas condenadas a muerte han sido ejecutadas en Ruanda. Kigali abolió la pena capital en 2007, eliminando el principal obstáculo para el traslado de acusados del TPIR a la justicia ruandesa.

Entre 2005 y 2012, más de 12.000 "gacaca", tribunales populares, juzgaron a cerca de 2 millones de personas, con una tasa de condena del 65%, generalmente a prisión.

- Países occidentales -

En Bélgica, en 2001, cuatro ruandeses, entre ellos dos monjas benedictinas, acusadas de haber entregado a los milicianos hutus varios miles de personas refugiadas en su convento, fueron condenados a penas de 12 a 20 años de prisión, en un juicio que constituyó una primicia mundial para una justicia civil nacional fuera de Ruanda.

Dos notables ruandeses fueron condenados en 2005 y un exmayor en 2007. En 2009, un ruandés, apodado el "banquero del genocidio", fue condenado a 30 años de prisión.

En diciembre de 2019, la condena de Fabien Neretsé, antiguo alto funcionario ruandés, a 25 años de reclusión, fue la primera en Bélgica en recordar el crimen de "genocidio". Este hutu, de 71 años, también condenado por nueve "crímenes de guerra", interpuso un recurso de casación.

En Francia, país cuyo papel en el genocidio fue muy criticado, el primer juicio fue el de Pascal Simbikangwa, antiguo capitán de la guardia presidencial. Fue condenado en apelación, a finales de 2016, a 25 años de reclusión por genocidio y complicidad en crímenes contra la humanidad, pena que pasó a ser definitiva en mayo de 2018 tras el rechazo de su recurso de casación.

En julio de 2016, los dos exalcaldes de la aldea de Kabarondo, Octavien Ngenzi y Tito Barahira, fueron condenados a cadena perpetua en París por "crímenes contra la humanidad" y "genocidio", una pena confirmada en apelación y posteriormente firme con la desestimación de un recurso de casación.

En Suecia, tres suecos de origen ruandés fueron condenados desde 2014 a cadena perpetua por su participación en el genocidio.

En Canadá, en 2009, un ruandés fue condenado a cadena perpetua.

En Finlandia, en 2012, se confirmó la condena de un pastor hutu a cadena perpetua por actos con "la intención de destruir total o parcialmente a los tutsis ruandeses".

En Alemania, un exalcalde ruandés fue condenado en 2015 a cadena perpetua por su papel en una masacre en una iglesia.

En Noruega, en 2015 se confirmó en apelación una pena de 21 años de prisión impuesta a un ruandés por haber contribuido a la matanza de más de 1.000 tutsis.

En Estados Unidos, en 2013, una mujer estadounidense de origen ruandés fue condenada a 10 años de prisión y despojada de su nacionalidad por tratar de ocultar su papel en el genocidio.

En Holanda, en 2013, una mujer holandesa de origen ruandés fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por incitación al genocidio. En 2011, un ruandés fue condenado en apelación a cadena perpetua por crímenes de guerra.

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