Abogados de renombre que ayudan a migrantes en la frontera

MATAMOROS, México (AP) — La abogada Charlene D’Cruz llevaba consigo una cantidad de documentos legales mientras acompañaba a una mujer hondureña con su bebé mientras cruzaban un puente sobre el río Bravo.

La centroamericana quería llevar a su hija, que tenía una septicemia que hacía peligrar su vida, a un hospital de Brownsville, Texas. D’Cruz convenció a los agentes fronterizos de que permitiesen el ingreso de la niña por razones humanitarias.

Fue otra de esas misiones que D’Cruz vive como una obligación. La abogada es parte de un inusual movimiento en el sistema legal estadounidense: Letrados que trabajan en la frontera desde hace años, a menudo desde oficinas pequeñas, están recibiendo ayuda de estudios jurídicos grandes, que tradicionalmente no toman este tipo de casos.

Lo hacen generalmente sin cobrar, en momentos en que los cambios más restrictivos en décadas en las políticas hacia los pedidos de asilo y los refugiados abruman a los abogados de inmigración de la frontera.

D’Cruz trabaja desde una oficina sencilla con un cartel que dice “Proyecto Corazón”. Nacida en Munmbai, India, habla español, portugués, francés e inglés mientras lleva adelante las causas de adultos que acuden a ella desde un sórdido campamento donde ha llegado a haber 2.500 solicitantes de asilo. D’Cruz ayuda a conseguirles consejeros, traductores, estudiantes de abogacía e incluso renombrados abogados de firmas grandes.

“Estoy en la vanguardia”, dijo D’Cruz. “La gente llega de a montones a mi oficina”.

D’Cruz sacrificó una cómoda vida en Wisconsin, donde contaba con servicio telefónico y de internet confiable, horarios previsibles y no tenía que lidiar con la violencia de los carteles de las drogas al hacer su trabajo.

Muchos abogados han decidido representar a migrantes. Algunos se sintieron conmovidos por la cantidad de migrantes menores de edad que cruzaron la frontera sin sus padres en el 2014. Otros tienen hijos y no soportan el espectáculo de la separación de familias. Y están los que se sienten motivados por las imágenes de personas desesperadas que piden asilo.

No hay garantías de nada cuando toman casos de migrantes. El mes pasado, un tribunal federal de San Francisco suspendió un programa por el que miles de personas fueron enviadas de vuelta a México. El fallo afecta procesos a lo largo de la frontera. Tres cuartas partes de los migrantes que esperan en México ser escuchados por Estados Unidos tienen casos pendientes en Texas. El gobierno federal no ha dicho por ahora si pedirá que el pleno del Noveno Circuito de Tribunales de Apelaciones reconsidere el tema o si acudirá directamente a la Corte Suprema.

Algunos abogados que están colaborando con estos casos vienen de firmas prominentes: Jones Day, Gibson, Dunn & Crutcher, Akin Gump and Haynes and Boone.

Acostumbrados a trabajar en deslumbrantes oficinas céntricas o en tribunales elegantes, estos abogados de renombre viajan en avión a Brownsville y otras ciudades fronterizas en las que representan a migrantes en tribunales que funcionan en carpas instaladas por el gobierno del lado estadounidense del río Bravo (Grande en Estados Unidos) que hace de frontera. Se instalan junto a sus clientes en mesas plegables de metal o de plástico, según The Dallas Morning News.

Las carpas y la necesidad de abogados son producto de la política del gobierno de Trump Protocolos de Protección del Migrante (PPM), conocida como Esperar en México, que exige a las personas que solicitan asilo esperar del lado mexicano de la frontera a que los tribunales de Estados Unidos analicen sus pedidos. La suerte de las 61.000 personas que están varadas en México es incierta.

Los solicitantes de asilo viven en campamentos cerca de un puente internacional de esta ciudad de 500.000 habitantes, en un estado que el gobierno estadounidense considera peligroso, al punto de que recomienda a los ciudadanos estadounidenses no visitarlo. Cuando los tribunales van a tomar sus casos, se los acompaña al lado estadounidense de la frontera.

Los jueces están a cientos de millas, en tribunales de Fort Worth, y las vistas se llevan a cabo mediante videoconferencias. Los abogados del gobierno generalmente provienen de tribunales de inmigración de otras ciudades. Para estar bien representados, los migrantes deben ser acompañados por abogados.

“El país ha tenido ciclos de tolerancia e intolerancia respecto a quienes pueden venir”, dijo Rick Halperin, director del programa de derechos humanos de la Southern Methodist University. "En estos momentos atravesamos por un ciclo de intolerancia. La necesidad de abogados es más acuciante. El imperio de la ley y el debido proceso son como una religión para ellos”.

Los abogados de inmigración, por otro lado, deben lidiar con cambios constantes en las normas para los pedidos de asilo.

“El debido proceso ha sido destrozado”, dijo D’Cruz. En respuesta, D’Cruz tiene algunos abogados trabajando desde sus ciudades.

De los más de 61.100 solicitantes de asilo que fueron obligados a esperar del lado mexicano de la frontera, solo un 5% tenían representantes legales en enero.

Aproximadamente un tercio de los que esperan el desenlace de sus pedidos tienen abogados, de acuerdo con la Transactional Records Access Clearinghouse, organización sin fines de lucro de la Universidad de Syracuse.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo en un comunicado escrito que esa dependencia “no está al tanto de que haya nada que impida que los extranjeros al amparo de los PPM reciban asistencia legal”. Nada impide a los abogados reunirse con sus clientes en México, siempre y cuando tengan los documentos de viaje, señaló el vocero.

D’Cruz se instaló en Brownsville en septiembre, dejando atrás su pequeño estudio de casos de inmigración en Wisconsin para trabajar para la organización Lawyers for Good Government (Abogados para un Buen Gobierno), que alberga la iniciativa Proyecto Corazón. En Matamoros, su primera tarea fue asistir con talleres legales desbordados, que asesoran a los solicitantes de asilo acerca de cómo hacer sus pedidos y representarse a sí mismos en los tribunales. Los más afortunados son representados por abogados, lo que aumenta sus posibilidades de salir adelante.

Uno de los asistentes fue un guatemalteco que posteriormente fue conectado con abogados de Dallas del estudio Haynes and Boone. En una entrevista con The Dallas Morning News, dijo que fue golpeado por la policía en el 2019 y que cuando quiso hacer una denuncia, le dijeron que se merecía la tunda “por ser gay”.

Vestido informalmente y con una gorra de béisbol baja, que casi le tapaba los ojos, el guatemalteco dijo que estaba muy agradecido a los abogados, que se reunieron con él en Matamoros y en las carpas de Brownsville. “Los primeros abogados con los que hablé me dijeron que tenía que ir allí (a Texas). Dijeron que era muy peligroso para ellos venir adonde estaba yo”.

Haynes and Boone representa a 25 solicitantes de asilo que esperan en Matamoros y tomó otros casos también, incluidos los de familias separadas.

“Estamos protegiendo la integridad del sistema legal, del debido proceso y del imperio de la ley”, afirmó Luis Campos, uno de los abogados que más asesoría gratis ofrece desde el estudio de Dallas. “Tenemos obligaciones para con esos individuos, establecidas en la constitución y en nuestros acuerdos internacionales”.

Campos y colegas como Bernt Beckert viajan asiduamente al Rio Grande Valley. Beckert dijo que lo motiva el reto constitucional al debido proceso en relación con los pedidos de asilo y los casos de separación de familias en los que trabajó. “Es una de las situaciones más graves que hemos visto”, manifestó.

Beckert afirmó que los abogados que se ofrecen como voluntarios son de distintos puntos de vista políticos.

“La gente que trabaja en estos casos de asilo votó por Trump, y algunos que no lo hicieron”, expresó. “Algunos quieren un muro (en la frontera), otros no. Pero esta es gente que tiene derechos bajo la ley”.

Muchos abogados dicen que se sienten motivados por sus historias personales. La familia de Beckert es judía y él está bien consciente de la persecución de los judíos por parte de los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Campos es hijo de una inmigrante mexicana y pasó su infancia en El Paso.

En Jones Day, los abogados de la empresa están acostumbrados a pelear patentes y bancarrotas, pero han estado haciendo grandes esfuerzos en la ciudad fronteriza de Laredo, donde opera una unidad especial desde el 2017. Vinson & Elkins, Gibson, Dunn & Crutcher y Arnold & Porter colaboran también en casos de inmigración en otros sitios.

En el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (Texas Civil Rights Project), una organización sin fines de lucro del Río Grande Valley, los abogados consultan normalmente con abogados de grandes empresas, así como con D’Cruz y el Proyecto Corazón.

Efren Olivares, director del programa de justicia racial y económica de la organización, sintió el impulso de intervenir cuando el gobierno de Trump empezó a separar familias de inmigrantes en el 2018, una política que fue criticada por todo el mundo.

Ese año pasado Olivares ofreció regularmente conferencias de prensa frente al tribunal de McAllen.

“Desde que la prensa habló por primera vez de nosotros, nos llaman abogados que preguntan ‘¿qué podemos hacer?’. Nosotros estábamos abrumados por los casos. Después los que nos abrumaron fueron los abogados”.

De todos modos, nunca es suficiente, dijo Olivares.

“Nosotros los abogados somos privilegiados con los conocimientos que tenemos y en este momento de necesidad, debemos usar esos conocimientos”, expresó.

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