Cinco escollos en la negociación comercial posbrexit entre Londres y Bruselas

Varios puntos de fricción podrían ralentizar o incluso hacer descarrilar las discusiones que la Unión Europea y el Reino Unido deben comenzar el lunes en busca de un acuerdo global posbrexit que debería estar finalizado antes de finales de año.

Estos son los principales escollos después que Londres publicase el jueves el documento completo con sus directivas de negociación, en el que rechaza alinearse con las reglas de la UE y advierte que podría abandonar la negociación si en junio no ve avances.

- Competencia leal -

Es uno de los aspectos más espinosos de las negociaciones.

La UE teme que Londres desregule su economía y socave la europea, por lo que considera indispensable "compromisos sólidos para garantizar condiciones de competencia justas".

En el punto de mira se encuentran las ayudas de Estado, la competencia, las empresas públicas, las normas sociales y laborales, las normas medioambientales, el cambio climático y los asuntos fiscales.

Sobre ayudas de Estado, la UE pide incluso que las reglas europeas se apliquen en el Reino Unido. Sin embargo Londres dejó claro que "no negociará ningún acuerdo en el que el Reino Unido no tenga el control de sus propias leyes".

La UE busca también reservarse el derecho de "aplicar medidas provisionales" para "reaccionar rápidamente" a eventuales infracciones del Reino Unido en este ámbito.

Para el gobierno británico, ambas partes deben únicamente "comprometerse a evitar" una "distorsión del comercio" y "mantener normas elevadas".

- Pesca -

El negociador jefe europeo, Michel Barnier, condiciona la conclusión de un asociación comercial con el Reino Unido a un acuerdo sobre la pesca.

Para ocho países del bloque, entre ellos Francia y Dinamarca, mantener el acceso a las aguas territoriales británicas es indispensable y vital para sus pescadores.

El mandato de negociación de la UE subraya que el acuerdo debe "mantener condiciones de acceso recíprocas".

Pero el Reino Unido prometió que "se convertirá en un Estado costero independiente a fines de 2020 y cualquier acuerdo debe reflejar esta realidad".

Londres espera negociar cada año con la UE el acceso a sus aguas, como hacen actualmente Noruega e Islandia.

- Servicios financieros -

El acceso al mercado europeo de los servicios financieros británicos constituye una de las monedas de cambio de los europeos, máxime cuando este sector es importante para el Reino Unido y la City de Londres.

Las empresas británicas perderán el "pasaporte" europeo que les permitía estar activas en la Europa continental.

En su lugar, deberán obtener de la UE una "equivalencia" a través de "una decisión unilateral de la Comisión", recordó un funcionario comunitario.

El Reino Unido parece dispuesto a aceptar algunas concesiones para acceder al mercado europeo y desea incluso "reforzar" la "cooperación en materia de reglamentación y de vigilancia".

- Datos -

En su mandato, la UE reclama al Reino Unido "un nivel elevado de protección de datos de carácter personal" y, por tanto, el "pleno respeto [de las] reglas" del bloque.

"Trabajar sobre la seguridad interior con los británicos exige intercambios de datos y, sobre todo, de datos personales, en ocasiones muy personales", asegura Barnier, que considera esta protección "esencial".

La situación podría complicarse si los británicos deciden alejarse de las reglas europeas. El de los datos es uno de los ámbitos en los que estos buscan desarrollar "políticas distintas e independientes".

- Diferendos -

Bruselas quiere poner en marcha, como en cada acuerdo comercial, un mecanismo de resolución de diferendos, en caso de que alguna de las partes no respete sus compromisos.

Un "panel independiente", cuyas decisiones serían de obligado cumplimiento, se encargaría de solucionar las disputas y podría imponer sanciones financieras o incluso suspender el acuerdo.

Sin embargo, en opinión de la Comisión, también el Tribunal de Justicia de la UE debe poder pronunciarse sobre cuestiones de interpretación del derecho comunitario, en decisiones vinculantes.

Esta demanda supone una línea roja para Londres que reclama un mecanismo que refleje una "relación de igual a igual".

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