La UE pasa a España la patata caliente sobre escala de dirigente venezolana

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró este martes que corresponde a España investigar si la escala en un aeropuerto de Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, violó el régimen de sanciones de la Unión Europea (UE).

Los países "son responsables en todos los casos de la aplicación y verificación" en su suelo de las sanciones adoptadas por la UE, aseguró Borrell en la Eurocámara, precisando que corresponde al Estado afectado investigar una "posible violación".

A petición del eurodiputado liberal español Jordi Cañas, la Eurocámara aceptó la víspera debatir la polémica escala en un aeropuerto español el 20 de enero de Delcy Rodríguez, sancionada con una congelación de activos y la prohibición de viajar a la UE.

"¿Cómo van a confiar los demás en la UE cuando ni los Estados miembros respetan las decisiones tomadas por esta cámara y sus instituciones", se preguntó Cañas, urgiendo a la Comisión a "velar" por que los "incumplimientos se sancionen".

La Comisión "no tiene ningún papel en controlar su aplicación ni iniciar un procedimiento de infracción", respondió Borrell, ex canciller socialista español, llamando a los eurodiputados a "estudiar un poco más".

El debate en el hemiciclo en Estrasburgo (noreste de Francia), protagonizado por los eurodiputados españoles, plasmó no obstante el enfrentamiento político en España sobre Venezuela, entre partidarios y opositores al gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

"El gobierno de Sánchez miente y cualquier nueva versión sobre este encuentro convierte en mentira la anterior", dijo la diputada Dolors Montserrat (PP, derecha), llamando a las instituciones europeas a investigarlo y sacar "la verdad a la luz".

Los eurodiputados de los partidos que apoyan la coalición en Madrid entre socialistas e izquierda radical lamentaron que se tratara en la Eurocámara un "debate que se debe discernir en el Congreso español", según la socialista Mónica Silvana González.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE por la crisis en el país. Desde entonces, los europeos impusieron una congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque a 25 funcionarios, entre ellos Rodríguez.

Madrid defiende que no violó el régimen de sanciones de la UE, ya que Rodríguez no entró en territorio español, y que la presencia de su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien conversó con la dirigente chavista, fue para evitar su ingreso en el bloque.

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