Tribunal Supremo español no reconoce al independentista Junqueras como eurodiputado

El Tribunal Supremo español se negó este jueves a reconocer como eurodiputado al independentista catalán Oriol Junqueras debido a su condena a 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el intento de secesión de Cataluña en 2017.

En consecuencia, los magistrados descartaron liberarlo para que asuma sus funciones como parlamentario europeo como solicitaba su defensa después de un fallo favorable de la justicia europea, el 19 de diciembre.

Según la más alta instancia judicial española, la condena de Junqueras "conlleva la exclusión de la condición de eurodiputado que le reconoció el tribunal europeo".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, estimó que Junqueras contaba con inmunidad tras ser electo eurodiputado en los comicios al Parlamento europeo en mayo y debería haber podido abandonar la prisión preventiva para asumir sus funciones.

Aunque no sirvió para el dirigente preso, la decisión abrió las puertas de la Eurocámara a otros dos independentistas, Carles Puigdemont y Toni Comín, que se habían marchado a Bélgica tras el intento de secesión para eludir la acción de la justicia.

Ambos fueron elegidos eurodiputados pero no volvieron a España para cumplimentar los trámites que, según la ley de este país, son necesarios para adquirir la condición de parlamentarios.

El 13 de enero se los espera en Estrasburgo para asistir al pleno del Parlamento europeo, que también había preparado todo en caso de que la justicia española permitiera a Junqueras completar los trámites como eurodiputado.

"El Supremo ha situado al Estado fuera de la ley europea. En Europa dictaron justicia, el Estado dicta prisión y persecución", tuiteó Junqueras. "Persistiremos", agregó.

Poco antes, el partido presidido por él, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), anunció una serie de recursos contra la decisión con la esperanza de que pueda también acudir a la sesión del próximo lunes.

También pidió a la Eurocámara y a su presidente David Sassoli "la protección de la inmunidad de Oriol Junqueras en cumplimiento de esta sentencia (del TJUE)", dijo Pere Aragonès, el coordinador del partido y vicepresidente del gobierno regional, el cargo que ocupó Junqueras entre 2016 y 2017.

- La condena ya es firme -

En su sentencia, el TJUE estipulaba que la inmunidad de Junqueras habría tenido que implicar el levantamiento de su prisión provisional, pero delegaba en el tribunal sentenciador "apreciar los efectos" de esta inmunidad en la actualidad, cuando ya existe una condena de cárcel firme.

El Tribunal Supremo, que entre febrero y junio juzgó a la cúpula independentista por el intento de secesión, desestimó en su momento la liberación pero, tras un recurso de la defensa de Junqueras, preguntó al TJUE sobre el alcance de dicha inmunidad.

Sin embargo, no detuvo el proceso y en octubre dictó altas penas de cárcel contra Junqueras y otros ochos dirigentes por sedición y, en algunos casos, malversación.

La condena también incluía su inhabilitación para ejercer cargos públicos, hecho sobre el que el Supremo argumenta ahora el no reconocimiento de Junqueras como eurodiputado.

"La Sala acuerda que no procede la libertad de Oriol Junqueras (...) una vez que ya está condenado en firme a la pena de 13 años de prisión", argumenta en un comunicado el tribunal.

Además, añade, la inmunidad que le concedía el TJUE "no era un blindaje frente a la sentencia que puso término al proceso", insiste el texto.

Los magistrados también descartan declarar nulo el juicio alegando que quedó visto para sentencia el 12 de junio, un día antes de que Junqueras fuera proclamado oficialmente como eurodiputado electo.

En la sentencia, sin embargo, se comprometen a aplicar en situaciones futuras el "novedoso criterio del TJUE".

ERC es actualmente pieza indispensable de la amalgama de partidos que llevó esta semana al socialista Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno español, en coalición con el partido de izquierda radical Podemos.

El PSOE de Sánchez y ERC pactaron la creación de una mesa de negociación para "encauzar el conflicto político" en la rica región nororiental, que cuenta con 7,5 millones de habitantes.

En un gesto que la oposición de derecha a Sánchez vinculó a su acercamiento con la formación separatista, la Abogacía del Estado, que representa los intereses del gobierno en asuntos jurídicos, se había inclinado por facilitar la liberación de Junqueras.

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