El futuro gobierno español de coalición entre los socialistas de Pedro Sánchez y la izquierda radical de Podemos quiere aumentar los impuestos para los más ricos, desmontar la controvertida reforma laboral y aumentar los salarios, para disgusto de la patronal.
- Retocar la reforma de trabajo liberal -
Altamente simbólica y muy esperada por los sindicatos, la primera medida del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista (PSOE) y Podemos busca la derogación parcial de la reforma del mercado laboral de 2012, emblema del precedente gobierno conservador.
El ex presidente del gobierno Mariano Rajoy atribuyó principalmente a la reforma la caída del desempleo después de la crisis, en razón de la gran flexibilidad que le otorgaba a los empleadores, autorizados a despedir trabajadores sin motivo económico.
Pero para sus detractores, catapultó la precariedad en un país que detenta el récord europeo en cuanto a tasa de contratos temporales.
El nuevo gobierno promete suprimir del todo o limitar fuertemente las medidas más controvertidas, como la autorización a despedir a un asalariado de baja por enfermedad o la posibilidad para un empleador de modificar unilateralmente un contrato de trabajo.
También persigue revisar la prioridad otorgada a los acuerdos de las empresas sobre los convenios colectivos, lo que según los críticos favoreció la baja de los salarios.
- Alza de salarios e impuestos -
El salario mínimo, que Pedro Sánchez ya aumentó un 22% en 2019 a 1.050 euros brutos (sobre doce meses), será progresivamente elevado para alcanzar al fin de la legislatura un 60% del salario medio (actualmente de 1.970 euros brutos sobre 12 meses).
Las pensiones serán nuevamente indexadas con la inflación, lo que no ocurría desde 2014.
El impuesto a las rentas aumentará para los contribuyentes más ricos, aquellos que ganan más de 130.000 euros al año, y se fijará una tributación mínima para aumentar la contribución real de las grandes empresas y bancos, señalados de recurrir a deducciones fiscales para pagar menos impuestos que los 25% obligatorios.
El gobierno quiere fijar una tasa mínima de 15% para las grandes empresas y de 18% para los bancos y grupos petroleros.
El sindicato Comisiones Obreras, que considera en términos globales "positivo" el programa, lamenta no obstante una "falta de ambición fiscal", recordando que la presión fiscal en España es inferior a la media europea.
- Control de los alquileres -
El objetivo es permitir a las alcaldías de las ciudades afectadas por un aumento "abusivo" de los alquileres imponer temporalmente techos a los precios. Madrid y Barcelona enfrentan desde hace años una escalada de los alquileres, debido en parte a las plataformas de alquileres turísticos tipo Airbnb.
La noticia provocó la protesta del sector inmobiliario, que afirma que esta medida frenará la construcción de viviendas que puedan ser alquiladas, la única solución a la crisis según los profesionales del sector.
- Inquietud de la patronal -
La principal organización patronal CEOE denunció un programa económico que estaría "más cerca del populismo que de la ortodoxia económica", estimando que afectará "de forma muy negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas" y en la inversión.
En su acuerdo, los socialistas y Podemos prometen el respeto de los mecanismos de disciplina fiscal, sin ofrecer cifras concretas, luego de que la Comisión Europa resaltara en meses pasados la lentitud en el ritmo de reducción de la deuda pública.
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