Se abre en Francia el juicio a los yihadistas muertos o buscados

El juicio a 24 personas que viajaron a Irak o Siria en 2014 y 2015, incluyendo a 19 presuntos yihadistas, la mayoría muertos durante combates pero que oficialmente siguen siendo "buscados", se abrió este lunes en París.

Franceses, marroquíes y argelinos, tenían entre 20 y 30 años cuando salieron de Francia, antes o después de los atentados de enero de 2015 contra el semanario Charlie Hebdo y el supermercado Hyper Cacher.

Convertidos al islam radical en una mezquita clandestina o con mentores, algunos fueron galvanizados por una dinámica de grupo reforzada por la proclamación del "califato" yihadista en junio de 2014.

Muchos murieron combatiendo por el grupo Estado Islámico (EI), incluidos en ataques suicidas o bombardeos. Sólo cinco de ellos comparecerán ante el tribunal por asociación ilícita con fines terroristas.

Todos los demás siguen siendo oficialmente "buscados", pero la mayoría han perecido en bombardeos o ataques suicidas, según testimonios de familiares e información reunida por los investigadores.

Esta curiosa audiencia, poblada de ausentes, pretende arrojar luz al recorrido de personalidades emblemáticas de la galaxia yihadista francohablante.

Entre los acusados fantasmas figuran los hermanos Belhoucine, cuyo primogénito Mohamed es considerado el mentor del asesino del Hyper Cacher, o el joven convertido al islam Quentin Roy, cuyos padres se han vuelto figuras del Colectivo de Familias Unidas, que reclaman la repatriación de los yihadistas para juzgarlos en Francia y de sus hijos.

- Paradojas -

El caso sacó a relucir una de las paradojas francesas en materia de terrorismo. Mientras que la Justicia reclama y condena a decenas de acusados ausentes, el Estado francés rechaza repatriar a esos mismos presuntos yihadistas para juzgarlos "en nombre del pueblo francés".

En los últimos años, se emitieron decenas de órdenes de arresto contra jóvenes franceses que se fueron a combatir a la región de Siria e Irak. A los ausentes, se les impone la pena máxima de forma sistemática: en lo penal, de 20 a 30 años de reclusión criminal por asociación de malhechores con carácter terrorista, en función de si los hechos juzgados datan de antes o de después de la ley de abril de 2016.

Desde el Colectivo de Familias Unidas, Véronique y Thierry Roy militan para que se repatríe a los adultos y que estos sean "juzgados en Francia", y también por la repatriación de sus hijos, víctimas de guerra y "abandonados por el Estado francés".

Cuatro años después de la muerte de su hijo, también ellos se consideran víctimas del terrorismo. Véronique Roy intentó constituirse en parte civil, pero tanto la acusación como el tribunal rechazaron la idea.

"El dolor y la tragedia no lo autorizan todo", afirmó el abogado general, recordando que la acción civil sólo puede iniciarse "cuando hay un daño directo provocado por el delito", lo que, según él, no sería el caso de Roy.

"No podríamos concebir que los padres de un joven implicado en tráfico de estupefacientes se constituyeran en parte civil", agregó.

Dolida, Véronique Roy dijo al margen de la audiencia que "queremos simplemente que se arroje luz sobre las partes más sombrías. Estamos aquí también para decir que esto tiene que terminar. Le ha pasado a nuestro hijo, se adhirió [al grupo EI], es su responsabilidad. Murió, así que pagó, pero está siendo juzgado como muerto, es aberrante".

El juicio se celebrará hasta el 16 de enero y se espera un veredicto el 17 del mismo mes.

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