CIUDAD DE MEXICO (AP) — La cancillería mexicana denunció el incremento del acoso a sus sedes diplomáticas en la capital de Bolivia con la llegada de más patrullas, militares y el uso de drones para vigilar la sede diplomática durante la Nochebuena.

En respuesta, el gobierno mexicano citó a la encargada de negocios de Bolivia a un encuentro el jueves para que brinde una explicación de las medidas que, considera, violan los convenios internacionales.

Casi a la medianoche de martes, Maximiliano Reyes, subsecretario de la cancillería para América Latina, subió a su cuenta de Twitter fotos de patrullas que, según dijo, estaban llegando en esos momentos “a las inmediaciones” de la sede diplomática y que, a su juicio, suponen un “asedio” al lugar.

Poco antes, alertó de “los planes de intervención” tanto a ese inmueble como a la embajada y dijo que México se encontraba en “alerta permanente ante las acciones de hostilidad” en su contra, hechos que este país denunció el lunes ante la Organización de Estados Americanos y que Bolivia niega.

El miércoles por la tarde, a través de una nota diplomática dirigida al ministerio de Exteriores boliviano, México denunció la utilización de drones que sobrevuelan las sedes diplomáticas "lo cual supondría una intromisión indebida en los mismos" y en un comunicado divulgado casi a la vez, anunció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la encargada de negocios de Bolivia en México para que “explique el actuar de los funcionarios bolivianos”.

Las relaciones entre ambos países se tensaron desde que México decidió dar asilo al expresidente Evo Morales tras su dimisión el 10 de noviembre, cuando hasta una treintena de personas llegaron a refugiarse en las sedes diplomáticas.

Actualmente, México tiene refugiados a nueve altos exfuncionarios del gobierno de Morales, entre ellos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros, reiterando su derecho a dar asilo a quienes considere como perseguidos. Varios de ellos se encuentran acusados actualmente de fraude electoral y otros delitos.

En un comunicado emitido el martes por la tarde, la Secretaría de Relaciones de México responsabilizó a las autoridades bolivianas lideradas por la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, de cualquier afectación a sus inmuebles, al personal acreditado en el país y a quienes tiene bajo su protección. El miércoles, la cancillería mexicana hizo un llamado a su contraparte boliviana a facilitar los salvoconductos necesarios para que los acogidos en su sede diplomática puedan salir del país.

El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Willson Santamaría insistió en que no dejarán que nadie ayude a “fugitivos” a salir del país. “Hemos tomado las previsiones necesarias para que los dispositivos de seguridad rastreen y detecten inmediatamente cualquier ayuda, complicidad, para coadyuvar a que los fugitivos abandonen el país”, dijo el martes. “Eso no lo vamos a permitir", agregó.

El gobierno interino considera la actuación de México una injerencia en los asuntos internos de Bolivia pero la cancillería mexicana recuerda que las acusaciones contra quienes tiene refugiados llegaron después de que esas personas estuvieran ya en sede diplomática.

Cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos mantienen rodeada tanto la embajada como la residencia, y también hay un “cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos”, denunció la cancillería. “Agentes realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México y del personal diplomático, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales”, agregó.

Sin embargo, el secretario privado presidencial boliviano, Erick Foronda, negó que se esté afectando el libre tránsito o la sede diplomática mexicana y dijo que la decisión de incrementar la presencia policial se debió a que el gobierno recibió información de que movimientos sociales tendrían previsto marchar hasta las instalaciones “con el objeto de exigir la expulsión del exmilitar y exministro” Quintana.

Morales renunció presionado por el ejército tras semanas de protestas en su contra por un cuestionado conteo de las elecciones presidenciales de octubre. Fue acogido en territorio mexicano antes de ir a Argentina, donde se encuentra actualmente.