El Senado de Chile aprobó en la noche del miércoles una acusación constitucional contra el exministro de Interior de Chile Andrés Chadwick y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos ocurridas al inicio de la crisis social.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, lamentó la decisión política que afectó a su primo, removido de su cargo diez días después del inicio del estallido social el 18 de octubre, junto a otros siete ministros, en un primer intento del mandatario por contener una crisis que bajó su intensidad sin llegar a su fin.

Chadwick calificó de "injusta, infundada y politizada" la acusación constitucional, aprobada con 23 votos a favor y 18 en contra, tras una maratónica jornada en la que los legisladores se extendieron para fundamentar su voto.

Conmovido por el fallo, el político lanzó: "jamás, ni deliberadamente o no deliberadamente, he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito que se pueda abusar de los derechos humanos de ninguna persona".

Asimismo lamentó las 24 muertes que causó la revuelta, los heridos y los abusados por las fuerzas de seguridad durante las protestas que claman por un país más justo.

La decisión legislativa recibió la rápida respuesta del presidente, quien reiteró todo su "apoyo, cariño y solidaridad" a su hombre de confianza.

Piñera calificó a Chadwick como "un gran servidor público, con sólidos valores y una inmensa vocación de servicio por los demás. Y lo más importante, un hombre honesto y generoso y una persona íntegra y buena".

"Andrés: gracias, muchas gracias!", agregó el mandatario derechista que también enfrenta una acusación en el Congreso.

El martes, en el día internacional de los Derechos Humanos, Piñera aseguró que su gobierno prestará asistencia a las víctimas, que incluyen más de 300 personas con lesiones oculares graves y en algunos casos ceguera, además de remarcar su firme compromiso en la búsqueda de "verdad y justicia".

Distintas organizaciones locales e internacionales, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) de la OEA, han denunciado abusos de las fuerzas de seguridad y cuestionado los protocolos de Carabineros (Policía), en especial el uso masivo de perdigones y gases lacrimógenos.

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