Una mujer peina el cabello de otra en la entrada de un refugio improvisado en el vecindario de La Saline en Puerto Príncipe. Haití, 8 de agosto de 2019. REUTERS/Andrés Martínez Casares
Una mujer peina el cabello de otra en la entrada de un refugio improvisado en el vecindario de La Saline en Puerto Príncipe. Haití, 8 de agosto de 2019. REUTERS/Andrés Martínez Casares

Por Andre Paultre y Sarah Marsh

PUERTO PRÍNCIPE, 10 dic (Reuters) - Los pies de Venite Bernard están ensangrentados y desgarrados porque, según cuenta, no tuvo tiempo de ponerse sandalias cuando tuvo que huir de su choza con sus hijos más pequeños mientras un grupo de pandilleros deambulaba por el barrio marginal de peor reputación de la capital haitiana disparando a la gente en sus casas.

Ahora Bernard, de 47 años de edad, y su familia están acampados en el patio del ayuntamiento de Cité Soleil (una comuna en el área metropolitana de Puerto Príncipe) junto con más de 200 personas, huyendo de un estallido de violencia que ha dado pie a la mayor situación de caos en la que se ha sumido el país desde hace más de una década, según afirman líderes ciudadanos.

"Entraron bandidos en las casas de algunas personas y los golpearon, también disparaban", dice Bernard entre lágrimas, tumbada en una alfombra a la sombra de un árbol. "Todo el mundo corría, así que me fui tan rápido como pude con los niños".

Las tropas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se retiraron de Haití en 2017 después de 15 años, diciendo que habían ayudado a restablecer la ley y el orden en el país más pobre del continente americano, donde casi el 60 por ciento de la población sobrevive con menos de 2,40 dólares al día.

Sin embargo, esa salida dejó un vacío de seguridad que se ha exacerbado durante el último año debido a que las fuerzas policiales han centrado su atención en ocuparse de las protestas contra el presidente Jovenel Moise.

"Con recursos limitados, no han podido contener la actividad de las pandillas como hubieran deseado", dijo Serge Therriault, comisionado de la policía de la ONU en Haití, en una entrevista.

Una recesión económica con una inflación galopante y la falta de inversión en los distritos de bajos ingresos también han contribuido a aumentar la delincuencia, convirtiendo estos barrios en terrenos inhóspitos.

La situación, que los diplomáticos temen que represente una amenaza creciente para la estabilidad regional con efectos en la migración y el tráfico de drogas y de armas, está causando alarma en los círculos internacionales.

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró el martes una audiencia sobre Haití, la primera en 20 años.

Los críticos de Moise dicen que ha perdido el control del país y que debería dimitir. Moise, de 51 años, dice que la situación ya se está calmando y que completará su mandato.

Los residentes dicen que las pandillas se pelean por territorios en los que recaudan cobros por "protección", dedicándose al tráfico de drogas y de armas.

Políticos de todo el espectro están empleando a las bandas para reprimir o fomentar la disidencia, proporcionándoles armas e impunidad, según cuentan defensores de los derechos humanos y haitianos de a pie.

"Cuando los que están en el poder les pagan, los delincuentes impiden que la población participe en las protestas antigubernamentales", dijo William Dorélus, residente de Cite Soleil. "Cuando reciben dinero de la oposición, obligan a la gente a salir a la calle". Tanto los líderes de la oposición como el Gobierno niegan las acusaciones.

LA IMPUNIDAD ENGENDRA DELINCUENCIA

Moise dijo en una entrevista con Reuters el mes pasado que estaba trabajando en el fortalecimiento de la fuerza policial de Haití y que había reactivado una comisión para lograr que los miembros de las pandillas se desarmen.

"Las acusaciones de delitos violentos serán investigadas y respondidas por nuestro sistema de justicia como una cuestión prioritaria", escribió la presidencia en una declaración a Reuters el martes.

Sin embargo, los críticos dicen que durante su mandato las autoridades no han procesado a los líderes de las pandillas, dando carta blanca a los criminales y debilitando la autoridad de la policía.

"Cada vez que la policía detiene a un pandillero, siempre llega la intervención de una u otra autoridad para liberarlo", dice Pierre Esperance, que dirige la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití (RNDDH).

Esperance, quien intervino en la sesión del Congreso el martes, dijo que más de 40 agentes de policía habían sido asesinados este año, en comparación con los 17 del año pasado.

El caso más destacado de aparente impunidad es la masacre de hace un año en el barrio de La Saline, un semillero de movilizaciones contra el Gobierno de Moise, según activistas de derechos humanos.

Durante dos días, las pandillas mataron al menos a 26 personas mientras que la policía no intervino, según un informe de la ONU. Testigos presenciales citados en el informe dicen que vieron a un alto cargo del Gobierno con los miembros de las bandas.

"Estas acusaciones plantean la posibilidad de una complicidad entre las bandas y las autoridades estatales", escribió la ONU.

El Gobierno finalmente despidió al dirigente, quien negó estar involucrado. Ni él ni nadie ha sido arrestado ni procesado por la masacre.

"Este expediente (sobre la masacre de La Saline) está en manos de la justicia", dijo Moise a Reuters.

Los residentes de La Saline dicen que se sienten abandonados a su suerte.

"Nunca recibimos una visita oficial después de estos hechos", explica Marie Lourdes Corestan, de 55 años, quien dice que encontró el cadáver de su hijo de 24 años entre un montón de cuerpos mutilados y cuya casa fue incendiada. "Los bandidos dijeron que volverían y no distinguirían entre niños, mujeres y hombres".

Ha habido seis masacres desde que Moise asumió el cargo, según la RNDDH, la más reciente ocurrida el mes pasado.

Therriault, de la ONU, dijo que la reciente disminución de las protestas estaba permitiendo a los agentes de policía recuperar el control de la situación general de seguridad y el alcalde de Cité Soleil, Jean Hislain Frederic, dijo que las autoridades esperaban convencer a la gente de que regresara a casa la próxima semana.

No obstante, muchos, entre ellos Bernard, que no ha podido localizar a sus dos hijos mayores, dicen que tienen demasiado miedo.

"Espero que mis hijos no estén muertos", dijo. "Deseo que termine esta violencia y que Dios nos ayude a encontrar un lugar donde vivir".

(Información de Andre Paultre, Sarah Marsh y Robenson Sanon en Puerto Príncipe, traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid, editado por Gabriela Donoso)