Un consejo de 15 personas encabezado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, inició este lunes las discusiones para reformar la policía chilena, acusada por organizaciones humanitarias de violar los derechos humanos de manifestantes durante las protestas sociales en Chile.

Conformado por exautoridades y representantes de organismos humanitarios, el Consejo debe entregar una propuesta para modernizar a Carabineros con el fin de "fortalecer el orden público y garantizar el resguardo de los derechos humanos", explicó el ministro Blumel, tras el encuentro.

"Nuestra convicción es que los derechos humanos tienen que ser una política de Estado, que no sean más motivo de división entre los distintos sectores políticos o de la sociedad", agregó el ministro a periodistas.

El gobierno otorgó 50 días para que el Consejo –en el cual no participan representantes de Carabineros- entregue sus propuestas para reformar la policía, cuestionada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watch (HRW), por su uso excesivo uso de la fuerza y otras acciones para afrontar las manifestaciones sociales que estallaron el 18 de octubre y que dejaron 23 muertos.

El uso de perdigones para dispersar a los manifestantes es una de las mayores críticas a la policía chilena, en especial después de que provocaran graves lesiones oculares a cerca de 300 personas. También se le cuestiona por el excesivo uso de gas lacrimógeno y detenciones arbitrarias.

"Tenemos que abordar lo que pasó en materia de derechos humanos; tenemos que asegurar el derecho a la justicia y ese es el compromiso que planteó el gobierno", agregó Blumel.

Hasta hace cuatro años, la policía era una de las instituciones más respetadas de Chile, pero un escándalo de corrupción, que involucró a la alta jerarquía con una malversación de casi 35 millones de dólares, y malas prácticas por parte de uniformados han dejado por los suelos el respaldo ciudadano a esta institución.

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