El número de muertos por un ataque armado ocurrido el sábado pasado en Villa Unión, una localidad del fronterizo estado mexicano de Coahuila, subió a 25, informaron este viernes autoridades locales.

De las 25 personas fallecidas, 19 eran presuntos delincuentes, cuatro eran policías y dos más eran civiles, informó la fiscalía local.

Las autoridades señalaron a la prensa que la última persona fallecida fue encontrada en los límites entre Coahuila y el vecino estado de Nuevo León.

Hasta el momento hay también 10 detenidos por el ataque.

El enfrentamiento se desató poco antes del mediodía del sábado en la localidad de Villa Unión cuando policías locales detectaron varios vehículos con civiles fuertemente armados recorriendo la comunidad, por lo que requirieron la intervención de militares.

En su paso hacia el Palacio Municipal de esta localidad de poco más de 5.000 habitantes, los hombres armados balearon al menos 36 casas, y al llegar a la sede del gobierno local siguieron disparando contra las instalaciones oficiales.

Las autoridades atribuyeron el crimen a integrantes del Cártel del Noreste, uno de los ocho subgrupos en los que quedó dividido el violento cártel de Los Zetas, fundado por exmilitares de élite a finales de la década de 1990 en Tamaulipas.

El norte de México ha sido escenario de hechos violentos en los últimos meses, como la frustrada captura, el 17 de octubre, de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Guzmán hijo estuvo por momentos detenido en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, pero ante los ataques lanzados por pistoleros del narcotráfico el gobierno tomó la polémica decisión de liberarlo.

El 4 de noviembre, en un camino rural del estado de Sonora, presuntos pistoleros de un cártel mataron a balazos a tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona de origen estadounidense asentada en el norte de México por generaciones.

En medio de la violencia ligada al tráfico de drogas, más de 250.000 personas han muerto en México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas, según cifras oficiales, que no detallan cuántos casos estarían ligados al crimen organizado.

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