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Eduardo León, abogado de la ex pareja del presidente boliviano Evo Morales, fue enviado a una cárcel pública de La Paz la noche del miércoles acusado de falsificación de un documento militar, en un giro imprevisto de una investigación judicial devenida en un culebrón de desamor, corrupción y política.
León, que se consideró a sí mismo un "preso político", fue despojado días antes de su título profesional por el Ministerio de Educación, en una medida sin precedentes y ampliamente criticada, tras sospecharse que utilizó una libreta fraguada de servicio militar para el trámite de su título de abogado.
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El jurista escuchó la decisión de una jueza en una clínica local, donde fue ingresado el miércoles para una evaluación. León abandonó la defensa de Gabriela Zapata el pasado 23 de mayo.
Mientras tanto, otros dos abogados de la ex pareja del mandatario Gabriela Zapata están prófugos.
El proceso contra León, un ex candidato al Parlamento por la derecha, dejó en segundo plano el motivo real de la investigación: si Zapata, una joven empresaria, utilizó la influencia de Morales para el trámite de negocios de empresas chinas en Bolivia.
Zapata, quien está detenida preventivamente desde febrero, fue gerente de CAMC, una firma china que se adjudicó millonarios contratos con el Estado boliviano.
De acuerdo con las indagaciones, Zapata, quién además ha sostenido que tiene un hijo con el presidente, consiguió contratos con el Estado por unos 560 millones de dólares. El propio gobierno asegura que ella despachó desde dependencias públicas.
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Zapata está detenida acusada de enriquecimiento ilícito, mientras el presidente Morales –a quien la oposición acusó de tráfico de influencias– y la empresa china fueron exonerados de responsabilidad por el Congreso, de mayoría oficialista.
Recientemente, la Justicia boliviana dictaminó la "inexistencia física comprobada" del supuesto hijo del presidente.
La revelación del caso en el mes de febrero remeció a la opinión pública boliviana y, en parte, le costó a Morales la victoria en un referéndum con el que buscaba ser validado para postular a un cuarto mandato (2020-2025).