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Y una tarde, la Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a sesionar. Después de dos meses de inactividad, y tras varios intentos fallidos, Ricardo Echegaray logró reunir al colegio de auditores y sacó al organismo de la virtual parálisis al que estaba sometido desde que el ex director de la AFIP quedó enredado en múltiples investigaciones judiciales.

Para el titular de la AGN esta vez fue clave el apoyo del Partido Justicialista, que a través de su presidente, José Luis Gioja, y el senador Miguel Ángel Pichetto enviaron una carta a los auditores peronistas para que colaboren en apuntalar la figura de Echegaray. En ese sentido, la reunión de ayer por la noche del PJ, en la que se eligieron a los secretarios del partido, fue fundamental para sacar del letargo a la auditoría.

Un rato después del mediodía, Francisco Javier Fernández, Vilma Castillo y Juan Ignacio Forlón -de la agrupación La Campora- dieron el quórum necesario para que el colegio pudiera sesionar. Recién después se sumaron los radicales Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez, y el massista Gabriel Mihura Estrada. Hasta ahora, el único que había acompañado a Echegaray en los anteriores y fallidos intentos por sesionar había sido Forlón.

Durante la sesión, los auditores dieron el visto bueno a diversas cuestiones administrativas vinculadas con el funcionamiento del organismo y con la contratación del personal, y aprobaron dos informes: uno sobre la telefonía celular y otro relacionado con la televisión digital. El único que se refirió a la situación judicial de Echegaray antes de iniciar la sesión fue Nieva, que insistió con la inquietud por los procesos abiertos contra el ex funcionario K en los tribunales federales de Comodoro Py.

Resta saber cómo seguirá la situación dentro del organismo de ahora en más. En esa línea, serán claves el rol del PJ -es vital la opinión de Pichetto- y del Gobierno a través de los titulares de ambas cámaras del Congreso. Todo sujeto a cómo avancen los expedientes en los que está involucrado el ex director de la AFIP, apuntado, entre otros supuestos delitos, por proteger a Lázaro Báez, el zar de la obra pública durante la anterior administración.