Del aborto no se habla

Aborto: el mundo grita lo que pasa en Argentina, ¿el Gobierno va a seguir haciendo oídos sordos?

Del aborto no se habla. Para los Gobiernos es un tema incómodo, difícil de abordar y, en muchos casos, hasta de comprender. Pero lo cierto es que los casos, los datos, las historias, el movimiento y la lucha de millones de mujeres y varones en todo el mundo se están haciendo oír.

El caso de Belén es ejemplo de ello. Es acá en Argentina y es acá en Tucumán, en 2016. Belén, una joven tucumana, sintió un fuerte dolor y fue al hospital. Tuvo un aborto espontáneo. No sabía que estaba embarazada. Se despertó en la cama del hospital, rodeada de policías que inspeccionaban su cuerpo. Ese fue el principio de una historia, de una injusticia que ya lleva más de dos años.

Los médicos rompieron el secreto profesional y la denunciaron. No sólo eso, también la maltrataron y le mostraron un feto mientras le gritaban "es tu hijo". Ahora, ella está presa y es posible que permanezca tras las rejas, injustamente, ocho años en total.

Amnistía Internacional hizo una gran campaña pidiendo su liberación. La sede en Argentina recibió más de seiscientos correos electrónicos en apoyo de esta causa. A nivel global, se recolectaron cerca de treinta mil firmas en diferentes lugares, entre ellos, Francia, Taiwán, Estados Unidos, Bélgica, Polonia, Noruega. Incluso el diario inglés Metro publicó una solicitada.

El caso de Belén es uno entre muchos casos que muestran cómo las mujeres son maltratadas, criminalizadas y silenciadas.

Otro caso, acá en Argentina, es el de Tierra del Fuego, en donde una mujer resultó imputada por la supuesta comisión del delito de aborto consentido. En 2010, esta mujer, víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, quedó embarazada. Con 28 años y mamá de tres nenas. Tenía afecciones en las cervicales que le impedían afrontar un cuarto embarazo sin enormes consecuencias para su salud. El abuso y el riesgo para su salud imponían el ejercicio de su derecho a la interrupción legal del embarazo, pero el accionar del Estado la empujó a la clandestinidad.

El caso de María Magdalena también revela esta perversa maquinaria que aplasta los derechos de las mujeres. En 2012, una paciente llegó con un aborto en curso al hospital. Las médicas hicieron entrar a la policía a la sala de parto. Con la misma lógica que en el caso de Belén, la operaron sin anestesia y luego la imputaron por aborto.

Los casos de Belén, María Magdalena y el de Tierra del Fuego demuestran cómo el Estado, a través de los servicios de salud, las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales, reproduce conductas de maltrato y humillación en entornos institucionales, al violar su deber de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Toda niña o mujer que requiere un aborto en un servicio de salud, o que sufre un aborto espontáneo, está protegida por el deber de confidencialidad médico-paciente. Los sistemas judiciales deberían vigilar las acciones de los profesionales de la salud y su responsabilidad jurídica en caso de que los médicos violen la ley. Esto es, sancionar a quienes obstaculizan o violan los espacios de confidencialidad de las mujeres, con lo que ponen en peligro el derecho a la vida de las mujeres, ya sea por acción u omisión.

Todas las personas tienen derecho a gozar, sin discriminación alguna, de igualdad de protección ante la ley, independientemente de su sexo o de su situación socioeconómica. En la práctica, estos derechos no se garantizan. La opinión pública lo sabe. Y no sólo lo sabe, sino que lo reclama. Estos son solamente tres casos de violencia de género, de violencia institucional, donde el Estado, por medio de funcionarios y efectores públicos, viola derechos de las mujeres. ¿El Gobierno va a seguir ignorando que este es un tema importante que hay que poner en agenda, debatir y abordar de manera responsable? Lo que pasa en Argentina es observado en todo el mundo.

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina