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El ex jefe de Gabinete de la Nación Aníbal Fernández fue imputado hoy por las presuntas irregularidades en la entrega de un subsidio de 56 millones de pesos que ese organismo le otorgó en 2015 a una empresa privada para la construcción de canchas de hockey en todo el país a instancias de un pedido de la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista (CAHSCyP), entidad que preside el ex funcionario.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Fernández y dio impulso a la denuncia penal que esta semana presentó la Oficina Anticorrupción (OA) contra el ex funcionario. Tras esa decisión, el juez federal Julián Ercolini allanó la sede de la CAHSCyP y la empresa Comercial Carpets S.A.
La Policía Metropolitana secuestró documentación en ambos lugares que será analizada por la Justicia, entre la que estaba el convenio firmado por la entrega del subsidio. Mientras se realizaba el allanamiento en la CAHSCyP, el propio Fernández llegó a la sede como presidente de la institución y esperó afuera a que finalice el procedimiento, informaron a este medio fuentes oficiales.
La OA, a cargo de Laura Alonso, denunció que el 26 de febrero del año pasado el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le otorgó un subsidio de 56 millones de pesos a la empresa Comercial Carpets S.A. para la construcción de una cancha de hockey de césped sintético en cada provincia del país.
El subsidio fue solicitado un día antes por la CAHSCyP que preside Fernández y que en ese momento era senador nacional. Horas después que se firmó el acuerdo, Fernández asumió como jefe de Gabinete de la Nación, el organismo que otorgó el subsidio.
"Se puede afirmar razonablemente que Fernández habría aprovechado su doble rol, confundiendo su cargo estatal y su cargo en la institución deportiva y ocultando que en el fondo contrataba consigo mismo para beneficio no del Estado ni de la Confederación, sino de la empresa privada contratista", sostuvo la OA en la denuncia.
El organismo denunciante señaló que en el encabezado del acuerdo aparece el nombre de Fernández como presidente de la CAHSCyP, aunque no fue él quien lo suscribió, sino Mario Galliano, secretario de esa entidad.
"La única explicación del trámite urgente de ese pedido y la secuencia temporal explicitada era evitar que Fernández aparezca como solicitante y otorgante al mismo tiempo de este beneficio, que se hiciera manifiesta la confusión de roles y el abuso de su condición de funcionario público para obtener la suma solicitada en beneficio de la empresa citada", sostuvo la OA.
Fernández negó las acusaciones. En su cuenta de la red social Facebook, el ex funcionario señaló que cuando se firmó el convenio estaba de licencia como titular de la confederación y que la empresa que recibió el subsidio era la única del país que fabrica carpetas homologadas por la International Hockey Federation. Además, destacó que sin ayuda estatal los clubes no podrían contar con canchas de esas características.
"La Oficina Anticorrupción no lo entiende porque su titular, NO CUMPLE los requisitos para el cargo. Bate el parche con esta medida de justicia social, para tapar la mugre de los dineros encontrados en Panamá Papers que estamos esperando que digan algo", criticó el ex jefe de gabinete.
La denuncia es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública. La OA no descartó el pago sobreprecios en la entrega del subsidio y que parte de los fondos públicos hayan sido desviados.
El fiscal Taiano le dio impulso a la denuncia y le pidió al juez Ercolini medidas de prueba para avanzar. Entre ellas, obtener la documentación del acuerdo para saber si debía hacerse una licitación y en ese caso si se hizo, cómo fue el trámite y qué empresas participaron.
A raíz de ello, la Policía Metropolitana hizo allanamientos hoy en la Confederación de Hockey, ubicada en avenida De Mayo al 600, y en las oficinas de Comercial Carpets S.A., en el barrio porteño de Pompeya.
En la CAHSCyP los agentes encontraron el convenio firmado por la entrega del subsidio. En tanto, en Comercial Carpets S.A. se hizo un inventario de lo que había en el depósito.
Además, el juez Ercolini le solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) informaron sobre la empresa.