La Justicia también frenó el aumento de gas en Bariloche

Por pedido del intendente, suspendió la suba por tres meses. También se prohibieron los cortes de servicio a los morosos. Una jueza federal dictó una cautelar contra el incremento de luz en San Martín

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San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, fue uno de los más elegidos por los argentinos. Turismocity 162
San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, fue uno de los más elegidos por los argentinos. Turismocity 162

La Justicia federal frenó por tres meses los aumentos de gas en la localidad rionegrina de Bariloche y prohibió que el servicio sea cortado a los morosos. La decisión se conoce luego de que otro magistrado tomara la misma decisión para la provincia vecina de Chubut, y se suma a la de magistrados de Santa Cruz, Mendoza y Mar del Plata.

Según informó la agencia ANB, la decisión fue tomada por el juez federal Gustavo Villanueva en el marco de un recurso de amparo impulsado por el intendente Gustavo Gennuso, quien informó hoy en una conferencia de prensa que las tarifas será retrotraídas por 90 días al valor que tenían antes del 31 de marzo.

"Estos meses nos darán un tiempo para negociar otras medidas", advirtió el jefe comunal.

Los vecinos que reciban facturas con aumentos, según explicó la asesora letrada del municipio, Natacha Vázquez, no deberán pagarlas, ya que la empresa Camuzzi deberá emitir otras con los cambios tarifarios establecidos por el juez. Y si ya pagaron, podrán pedir que les devuelvan el dinero.

Las fechas son claves, ya que están por comenzar los meses más fríos del año. La medida beneficia a más de 50 mil usuarios, entre vecinos y comerciantes.

El intendente Gennuso se mostró en contra del tope del 400% de aumento que le puso el gobierno nacional sobre las localidades patagónicas. "No nos conformó", dijo. También evaluó que la posibilidad de pagar en cuotas las subas "sólo alarga la agonía".

Además, advirtió que de cara a la temporada de invierno el aumento podría "romper las cadenas productivas y poner en riesgo a la población que vive de los servicios turísticos".

El juez todavía tiene que resolver otros amparos, entre ellos, el de la Asociación Hotelera y Gastronómica, el de un abogado de la Fundación Pensar y el de un grupo de letrados que juntaron 30 mil firmas.

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