El oficialismo presentó en la cámara de Diputados un proyecto de ley para crear el Tribunal de Defensa de la Competencia. El objetivo que busca es impedir los abusos de posición dominante de los formadores de precios, y prohíbe, entre otras medidas, los acuerdos entre competidores.

La iniciativa fue diseñada por el titular del interbloque Cambiemos Mario Negri, y fue respaldada por sus pares del radicalismo, Miguel Angel Bazze, Jorge D'Agostino, Carla Carrizo, y los diputados de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y Fernando Sánchez. La iniciativa había sido presentada en 2014, pero nunca se llegó a debatir, con lo cual perdió vigencia parlamentaria.

Desde Mar del Plata, Carrió dijo que "los grandes formadores de precios deben saber que Argentina debe tener competencia porque estaban acostumbrados a las armas y la violencia de Moreno, pero nosotros vamos a recurrir a las armas de la ley". Para Carrío, los grandes empresarios "no pueden hacer pagar sus enormes ganancias al lastimado pueblo argentinos".

"Si no bajan los precios, denunciaré a las empresas formadoras", aseguró Carrió en una conferencia de prensa y dijo que estaba dispuesta a nombrar públicamente a "todas las marcas de productos que venden los mismos cuatro veces más caros".

La propuesta contempla sanciones económicas con multas desde 10 hasta 147.000 salarios mínimos, y establece que la pena no podrá ser menor al beneficio obtenido en la actividad prohibida, siempre que sea posible su estimación. También el Tribunal podrá solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas.

El proyecto dice que están prohibidos los acuerdos entre competidores que busquen limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante. El objetivo es prohibir los acuerdos entre empresas para fijar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios.

También prohíbe repartir zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento, concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos; y la limitación o control técnico de las inversiones en bienes y servicios. En el proyecto se establece que se considerará conducta de posición dominante cuando la participación en el mercado sea igual o mayor al 70%.

Este Tribunal será un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de la ley. Estará integrado por cinco miembros, que a su vez elegirán a quienes ejercerán la presidencia y vicepresidencia respectivamente.