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El juez Marcelo Segón, titular del Juzgado N° 17 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño, suspendió la aplicación de la resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCIBA) que habilitó la libertad de contratación en lo que hace a las comisiones que cobran las inmobiliarias para los alquileres destinados a vivienda en la Ciudad. De esta forma, no podrán exigir más de un mes.

"Los corredores inmobiliarios no podrán cobrar en concepto de comisión al inquilino de un inmueble con destino a vivienda un importe superior al 4,15% del valor total del respectivo contrato de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 2340", sentenció el magistrado, que concedió de esta forma una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz.

Esa ley que citó el magistrado y que establece un máximo de poco menos de un mes para la comisión que pueden cobrar las inmobiliarias es la misma norma que creó CUCICBA, que es el ente público a cargo de controlar al sector. Sin embargo, en los hechos, la regulación convirtió a las grandes inmobiliarias de la Ciudad en jueces y partes, ya que sus directivos controlan el colegio. Tanto es así, que el presidente Héctor D'Odorico es dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre, el vicepresidente 1º, Martín Boquete, es director comercial de Toribio Achával, y la vicepresidente 2º, Gabriela Goldszer, es la directora de Ocampo Propiedades.

En la Ciudad el cobro de dos meses de comisión es una práctica altamente divulgada, pese a que es ilegal. Cuando CUCICBA sacó la Resolución 350/16 buscó regularizar esa práctica y determinó que debía regir la libertad contractual o, en su defecto, se debía cobrar "uno o dos meses" de comisión.

Pero el magistrado Segón no sólo frenó esa resolución, sino que dio un paso al poner la lupa sobre la absoluta falta de control. El año pasado, cuando el legislador Fernando Muñoz presentó un pedido de informe sobre la cantidad de sanciones que había puesto CUCICBA por incumplimientos a la ley, las inmobiliarias contestaron que sólo habían hecho una multa. ¿El argumento? La imposibilidad de controlar los contratos entre privados. Sin embargo, Infobae demostró que basta con hacer una búsqueda en cualquier portal de propiedades para comprobar que casi no se encuentran corredores que se apeguen a la ley.

A su vez, cuando desde las asociaciones de inquilinos promovieron la presentación de denuncias en CUCICBA, la respuesta del colegio fue empezar a cobrar por ese tipo de trámites. El escándalo fue tal, que las inmobiliarias tuvieron que dar marcha atrás.

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Frente a ello, el juez decidió que "debe establecerse un mecanismo de control a fin de velar por el estricto cumplimiento de lo aquí ordenado" y estableció una multa de 20 mil pesos para CUCICBA por cada incumplimiento acreditado.

En su momento, Muñoz denunció que, gracias a las comisiones ilegales, las inmobiliarias se quedan con 1 millón de pesos diarios de los inquilinos que hay en la Ciudad. Sin embargo, el fallo de Segón es sólo una medida cautelar temporaria. Todavía no decidió la cuestión de fondo, por lo que aún sigue latente la posibilidad de que CUCICBA imponga sus intereses. Habrá que esperar al final del proceso.

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