:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/Y3LO2EIKCZCN5GLEG4VWQ6COBE 420w)
El recurso de amparo presentado por Elisa Carrió para remover a Ricardo Echegaray como titular de la Auditoría General de la Nación tuvo un nuevo avance en la Justicia, luego de que la magistrada Claudia Rodríguez Vidal, del fuero contencioso administrativo, ordenase una serie de informes a otros jueces.
Se trata de los magistrados que citaron a declaración indagatoria al ex titular de la AFIP en otras causas por presunta comisión de delito, según reprodujo Clarín.
El pedido de la diputada nacional de la Coalición Cívica se basa en el el artículo 126 de la Ley 24.156, la que reglamenta a la AGN. El mismo indica que "no podrán ser designados auditores generales personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal".
En el escrito presentado a la jueza Rodríguez Vidal por Carrió y su colega de bancada Fernando Sánchez, consideraron que "denota un escenario cada vez más comprometido respecto del funcionario cuya designación fuera impugnada, quien a pesar de contar con varias causas pendientes en su contra, por delitos vinculados con su reciente gestión en la administración pública, continúa al frente del organismo de control que debe dictaminar incluso sobre circunstancias de ese mismo desempeño, que hoy está siendo puesto en duda por la Justicia penal".
"Cabe destacar la gravedad de que la presidencia de la Auditoría General de la Nación esté en cabeza de alguien con dichas sospechas, toda vez que ello contraviene normas internacionales supra legales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, próxima a ser declarada de jerarquía constitucional por el Honorable Congreso de la Nación", explicaron.