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La Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, se presentó ayer en el Juzgado Federal N° 7 y pidió ser querellante en la causa que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez. investigado y detenido por presunto lavado de dinero.
La medida fue adoptada en momentos en que el fiscal Guillermo Marijuán encabeza múltiples allanamientos en propiedades del santacruceño, con personal de de la AFIP, Aduana y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el escrito presentado, la OA destaca la importancia de la declaración de Leonardo Fariña y recuerda la relación directa que a menudo se verifica entre hechos de corrupción en perjuicio del Estado y el encubrimiento por lavado de activos obtenidos de aquellas prácticas.
La causa nº 3017/13, caratulada "BAEZ, Lázaro Antonio y otros S/ ENCUBRIMIENTO y otros", sindica a Lázaro Báez y otros imputados en una maniobra para "sacar del país y reingresar al circuito comercial y financiero formal, disimulando su origen, grandes sumas de dinero no declaradas, provenientes de actividades delictivas".
También resaltó la participación de
en la maniobra, dado que colaboró desde su cargo "en la Administración Federal de Ingreso Públicos, a través del debilitamiento de los controles y de las dependencias del organismo encargadas de detectar las maniobras de evasión de empresas vinculadas, las que se habrían verificado entre otras modalidades, a partir de la simulación ardidosa de crédito fiscal inexistente a con facturas falsas o extendidas por servicios y operaciones inexistentes".
Para la Oficina Anticorrupción, estos hechos podrían estar directamente relacionados con la "causa Hotesur", en la que se investiga "el vínculo comercial establecido entre empresas del grupo Báez y hoteles de propiedad de quienes fueron sucesivamente presidentes de la república, Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández".
En la presentación de la OA también se destaca la necesidad e importancia de recuperar el dinero proveniente de hechos de corrupción. "En idéntico sentido, son de interés de esta Oficina en el marco de su actuación funcional, las diligencias enderezadas al recupero de los activos desviados en perjuicio del Estado y, en esta instancia, la profundización de las medidas destinadas a garantizar en cuanto sea posible, que aquellos no desaparezcan, conforme la convención interamericana".