Bolivia: la policía dispersa con gases lacrimógenos una protesta de discapacitados

Minusválidos que protestaban el miércoles en Bolivia para conseguir un aumento de los subsidios por discapacidad fueron dispersados con gases lacrimógenos por la policía cuando intentaban ingresar a la Plaza de Armas, donde está ubicado el Palacio de Gobierno.

Decenas de ellos, algunos en sillas de ruedas y otros con muletas y portando banderas bolivianas, trataron a empujones de romper un cerco policial, armado con mallas metálicas, en las cuatro calles de acceso la plaza principal, constató la AFP.

Ante la persistencia, policías antimotines usaron agentes químicos en spray, lo que provocó que algunos de ellos se desvanecieran, por lo que luego fueron atendidos por paramédicos en el lugar.

"Estamos aquí para dialogar, queremos dialogar con el presidente (Evo Morales), queremos que nos escuche el presidente", afirmó en uno de esos accesos el dirigente de los discapacitados David Cayo, quien reiteró el pedido de aumentar un subsidio mensual de 80 bolivianos (11,5 dólares) a 500 bolivianos (72 dólares) por persona.

Unos 400 lisiados llegaron el lunes a La Paz tras caminar por 35 días por una carretera desde la ciudad de Cochabamba (400 km al este) con el reclamo económico y otros pedidos, como un mayor acceso laboral.

El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, llamó temprano en una conferencia de prensa a los dirigentes del sector a iniciar una mesa de diálogo, pero reiteró que el pedido financiero es inalcanzable para las arcas del Estado.

Según el Poder Ejecutivo, el aumento del subsidio supondría subir el presupuesto anual para el sector de 22 millones de bolivianos (3,2 millones de dólares) a 368 millones de bolivianos (52,9 millones de dólares).

El ministro Romero descartó que el presidente Morales sea parte del diálogo y recordó que éste encomendó a sus ministros atender los reclamos.

Cayo, dirigente de los manifestantes, insistió en que no se irán de la sede de gobierno si su principal demanda no es atendida.

En Bolivia existen unas 388.000 personas con algún tipo de dificultad permanente, según datos de la Defensoría del Pueblo, aunque no todos reciben el bono mensual que asigna el Estado.