Las 6 razones del juez Sebastián Casanello para mantener preso a Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de excarcelación que hizo la defensa de Lázaro Báez y lo basó en los siguientes motivos:

1. En primer lugar –dice Casanello- como consecuencia de la prueba acumulada hay un estado de sospecha que lo ubican como presunto responsable de conductas que prima facie podrían encuadrar en el delito de lavado de activos.

2. La pena en expectativa en su figura básica (es decir, sin considerar la posibilidad de que hubiera agravantes o concurrieran otros delitos) es de 3 a 10 años de prisión. Esto implica que se trata de una amenaza de pena alta y de cumplimiento efectivo.

3. El hecho de que Lázaro Báez cuente con un patrimonio abultado hace presumir con motivos fundados la existencia de recursos materiales para eludir el accionar de la Justicia. En su resolución, el magistrado sostiene: "Estamos en presencia de circunstancias fácticas que permiten advertir la existencia de riesgos procesales". En ese sentido, destaca Casanello que Báez cuenta con más de mil vehículos y al menos tres aeronaves "a su entera disposición".

4. De la investigación surge información que alerta de los aceitados contactos que habrían permitido "sortear controles aeroportuarios, lo que dispara el riesgo de fuga y amerita su inmediata neutralización a fin de asegurar el éxito de la investigación en curso", no bastando para ello con el dictado de prohibición de salida del país.

5. Hay sospechas de vínculos internacionales de Báez que habrían operado en Panamá, Estados Unidos, Uruguay, Belice y Suiza, de acuerdo con la prueba que hay en la causa.

6. A lo largo del proceso, en las declaraciones testimoniales se han mencionado amenazas y situaciones de presión sobre testigos. Dice Casanello. "Estas circunstancias han actuado en detrimento de la investigación, entorpeciéndola y atentando contra el otro de los fines del proceso, el descubrimiento de la verdad".

Teniendo en cuenta estos parámetros, el juez Casanello afirma en su resolución que "la detención del nombrado se torna indispensable y razonable para asegurar los fines del proceso".