El kirchnerismo insiste en su proyecto para crear un registro de "trapitos" legales

Las historias con final abierto tienen la particularidad de que dejan la conclusión a cargo de la libre interpretación de quienes las leen o las escuchan. La polémica con los "trapitos" de la Ciudad de Buenos Aires se parece mucho a eso. Todos reconocen la problemática, sufren sus consecuencias y debaten cómo controlarlas, pero la solución nunca llega.

Esta semana se escribió un nuevo capítulo con tres personajes: el gobierno porteño, el bloque Suma + y el Frente para la Victoria (FpV). Los primeros dos presentaron propuestas para prohibir a los "cuidacoches"; el tercero parece tener una postura más laxa. Así surge del proyecto que presentó el kirchnerismo en la Legislatura porteña en donde insiste con la idea de crear un registro para legalizar la actividad.

Ese padrón estará integrado por personas mayores de 16 años que deberán ser autorizadas expresamente por la Secretaría de Transporte de la Ciudad. Tendrán prioridad para recibir el permiso quienes acrediten situaciones de vulnerabilidad social.

"El proyecto prohibicionista beneficia a las mafias, ya que necesitan de la ilegalidad para montar su negocios. El que impulsamos nosotros busca distinguir a las personas que recurren al cuidado de vehículos con una forma de subsistencia", aseguró el presidente del bloque, el ex ministro Carlos Tomada.

La propuesta a la que accedió Infobae modifica además el Código Contravencional y establece un régimen de sanciones para quienes intenten cuidar coches en la vía pública sin autorización del Estado. Las más altas están previstas para los "trapitos" que respondan a una organización y exijan retribución por su trabajo en áreas de espectáculos masivos o concentración gastronómica: 1 a 5 días de arresto o multa de $2.000 a 10.000 pesos.

La iniciativa también contempla penas de 2 a 20 días de arresto para los dirigentes de clubes de fútbol y organizadores de espectáculos que colaboraren con la custodia ilegal de vehículos en la vía pública.

"El registro parte de la base de que muchos de los que desempeñan como cuidadores de vehículos en a vía pública son personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. Por esta razón, su objetivo central es identificar de manera clara y transparente quiénes están habilitados para realizar esta actividad como forma de subsistencia, al mismo tiempo que se le permite al Estado y a la ciudadanía evitar los abusos que ocurren en este marco", fundamentó el kirchnerismo al presentar el proyecto.

El "sistema de ordenamiento" que planteó el FpV establece que los cuidadores legales no podrán exigir más que el equivalente a "cinco veces el valor máximo del transporte público urbano" como "retribución". Si el precio del boleto finalmente aumenta hasta los $6 como se especuló periodísticamente, los cuidacoches quedarán habilitados a cobrar una tarifa máxima de 30 pesos. La cifra está por debajo de los $40 por hora que piden en promedio los estacionamientos privados, pero genera indignación y bronca en los vecinos que se preguntan por qué hay que pagar para usar algo que es de todos: el espacio público.

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