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Jueces de un tribunal oral federal dijeron que es complejo y difícil obtener pruebas en las causas de corrupción contra funcionarios públicos, lo que dificulta el avance de este tipo de investigaciones.
La confesión fue realizada por los magistrados Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Patricia Mallo, integrantes del TOF 4, en el juicio que concluyeron en diciembre con condenas al ex presidente Carlos Menem y a los ex ministros Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo por el pago y cobro de sobresueldos.
El tribunal integra el fuero federal de la Capital Federal que tiene a su cargo la investigación y el juzgamiento de los hechos de corrupción de las administraciones nacionales.
"Los hechos se llevan a cabo con la clara intención de no dejar evidencias de ninguna clase"
"Como en toda investigación que involucra la participación de funcionarios públicos de organizaciones estatales en actos de corrupción, la obtención de aquellos elementos probatorios que resultan necesarios a los fines de crear la convicción del magistrado para alcanzar el estado de certeza sobre lo acontecido y así poder determinar las responsabilidades penales de los involucrados se presenta sumamente compleja", sostuvo Bertuzzi en su voto, al que adhirió Mallo.
Los magistrados señalaron que los casos de corrupción "presuponen cierta dificultad en la obtención de prueba directa dado que como toda actuación desarrollada por miembros de aparatos organizados de poder se llevó a cabo con la clara intención de no dejar evidencias de ninguna clase", por lo que también se debe analizar "prueba indiciaria".
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El juez Costabel avanzó sobre los motivos por los cuales "no es nada sencillo" obtener pruebas, lo que "constituye una seria dificultad en la investigación". El magistrado enumeró siete motivos.
Entre ellos, que en los delitos de corrupción "no hay víctimas directas y por lo tanto tampoco habrá denuncia ni aporte de evidencias"; que "ocurren en secreto y rara vez se documentan"; y "la profesionalidad de los autores por conocer profundamente el ámbito de actuación y los mecanismos de control existentes como para dotar formalmente el acto corrupto de apariencia de legalidad".
"En este tipo de casos se utiliza una ingeniería legal, administrativa y contable"
En esa línea, Bertuzzi agregó que en este tipo de casos hay una "ingeniería legal, administrativa y contable utilizada para alcanzar su finalidad, se encontraron caracterizados por una velada legalidad del sistema que en definitiva fue lo que permitió que los caudales públicos salieran de la administración".
El caso
Los jueces se expresaron así en los fundamentos del juicio en el que condenaron a Menem a cuatro años de prisión, a Cavallo a tres años y medio, y a Granillo Ocampo a tres años y tres meses, mientras que absolvieron a otros seis ex funcionarios, entre ellos María Julia Alsogaray.
El tribunal –con disidencias en algunos casos - dio por probado que durante sus dos mandatos Menem ordenó pagar sobresueldos para sus funcionarios con fondos reservados que estaban destinados a seguridad y a inteligencia.
Junto con las condenas, el tribunal dispuso que a Cavallo se le decomisen 220.868 pesos y a Granillo Ocampo 1.350.000, por lo que se demostró que cobraron sobresueldos.