:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/BZ27ZDGPXVDQNPLV5QN4VZXB7E 420w)
Un grupo de bonistas argentinos apelará la decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa de levantar restricciones a Argentina en el litigio por la deuda en default desde 2001. Así lo informó la agencia AFP en base a una declaración que Horacio Vázquez, integrante de la llamada Asociación de Damnificados por el Default y la Devaluación (Adapd), al diario La Nación.
"El Gobierno está planteando una propuesta sin haber hablado con los que tenían que entrar", se quejó Vázquez, de acuerdo al reporte.
Argentina presentó a comienzos de febrero una propuesta en los EEUU y al momento ha conseguido el compromiso del 85% de los demandantes. La oferta contempla el pago en efectivo de una suma de USD 6.500 millones, con una quita de 25% sobre 9.000 millones de reclamos judiciales.
A raíz de esos acuerdos, el juez Griesa resolvió el miércoles levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Argentina de modo de permitir su retorno a los mercados financieros y el pago de sus bonos reestructurados en los canjes efectuados en 2005 y 2010. Sin embargo, puso como condiciones que el país derogue las leyes que impiden un acuerdo con los fondos querellantes que no aceptaron sus canjes de deuda de 2005 y 2010 y que pague a los acreedores que acepten su oferta hasta el 29 de febrero.
El viernes se iniciará el proceso legislativo en Argentina cuando el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, acuda a un plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas para explicar los alcances del acuerdo.
Los fondos más duros NML Capital y Aurelius llegaron el lunes a un preacuerdo con Argentina para cobrar USD 4.653 millones. Tanto estos holdouts como otros querellantes que aún no alcanzaron un compromiso, habían pedido al juez que otorgase un plazo adicional de 30 días para que continuasen las negociaciones, lo que les fue denegado.
"Esto se va a apelar porque Griesa borró con el codo lo que hizo con la mano", dijo Vázquez.
La orden de Griesa, que también exige a Argentina notificar sus pagos, entrará en vigencia en dos semanas, plazo estipulado para permitir a los querellantes que deseen apelar la decisión.