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El mediador judicial Dan Pollack, nombrado por el juez de Nueva York Thomas Griesa para llegar a un acuerdo de pago entre la Argentina y sus acreedores en default, anunció este lunes a través de un comunicado que cinco fondos de inversión, con reclamos por USD 250 millones y € 185 millones, se sumaron al grupo de bonistas que aceptó la propuesta argentina presentada el pasado 5 de febrero.
El gobierno nacional emitirá bonos por USD 15.000 millones que le permitirán conseguir los fondos necesarios para pagarles en efectivo a los bonistas que se encuentran en litigio.
El viernes había vencido el plazo para que los holdouts adhirieran a la quita de 27,5% de sus acreencias, según el plan de pago argentino. Luego la quita propuesta por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, en los tribunales de Nueva York pasó al 30% de la deuda reclamada.
El pago a holdouts será en efectivo, con fondos obtenidos con emisión de bonos
En ese sentido, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, precisó que el monto de acuerdo con holdouts alcanzado es de USD 6.100 millones, sobre un total impago de alrededor de USD 20 mil millones, que incluye a toda clase de acreedores.
El ministro destacó que "es muy importante la decisión que tomó el juez el viernes porque pudimos abrir un camino de diálogo y ahora lo vamos a transitar".
Prat-Gay indicó además que para avanzar en la resolución "es condición que se lleve a cabo la discusión en el Congreso" que permita levantar la Ley Cerrojo, una de las condiciones que impuso Griesa para levantar los bloqueos que mantiene sobre el pago de deuda de la Argentina.
El funcionario tiene como objetivo que Griesa deje sin efectos sus sentencias que le impiden a la Argentina cumplir con los pagos de su deuda reestructurada, lo cual le permitiría al país volver al mercado de capitales.
Por su parte, Luis Caputo agregó que en caso de que la totalidad de los acreedores impagos acepten la propuesta de la Argentina el monto a cancelar se ubicaría en 15 mil millones de dólares.
Prat-Gay subrayó que "la fecha del 29 de febrero no es una fecha tope para el pago ni para que el Congreso derogue las leyes. Es un plazo para determinar a quién y cuánto hay que pagarle".
El ministro enfatizó que la Argentina realizará el pago en efectivo con lo producido por la "emisión de un bono" que será en dólares y con legislación extranjera, y descartó la posibilidad de pagarle a los acreedores con un título.
"La segunda condición de Griesa es que la Argentina le pague a los que ingresen antes del 29 de febrero. Para eso vamos a emitir un bono y con ese efectivo pagaremos", explicó el ministro.
"De esta forma –continuó Caputo- nos evitamos tener que negociar con los holdouts las condiciones de emisión de ese bono que estarían dispuestos aceptar, lo que además implica un ahorro significativo en el monto a pagar".
Prat-Gay reiteró que "al pagarles a los que acordaron hasta el 29 de febrero, ya con la Ley Cerrojo derogada, Griesa levanta inmediatamente el bloqueo. Es algo que sucederá en forma instantánea".
Consultado sobre si están dadas las condiciones de mercado para que la Argentina obtenga el total que necesita, Caputo destacó que "existe mucho interés" en el mercado por financiar a la Argentina.
Prat-Gay indicó además que los pagos de títulos del canje pendientes a partir de los bloqueos de Griesa suman aproximadamente unos 3 mil millones de dólares. Por ende, en caso que la resolución con los holdouts involucre todas las demandas, la Argentina deberá hacer frente a pagos por 18 mil millones de dólares.
El Congreso probablemente derogará las leyes que impidieron al país poner fin a la disputa legal. Un acuerdo en el litigio permitiría al gobierno de Mauricio Macri acceder al mercado de bonos globales y reactivar la economía sin imponer el tipo de ajuste fuerte que erosionó el poder de otros gobiernos en el pasado, incluso causando su salida antes de término.
El juez Griesa insinuó el viernes su voluntad de levantar unas órdenes que había colocado para impedir pagos de la deuda reestructurada si el Congreso argentino deroga dos leyes específicas.
Una de ellas permite que el pago de los bonos sea procesado en la Argentina en lugar de Estados Unidos, y la otra prohíbe que el Gobierno ofrezca mejores términos que los que fueron incluidos en las reestructuraciones de deuda del 2005 y el 2010.
Los fondos estuvieron en negociaciones con la administración de Macri en semanas recientes en Nueva York para resolver la disputa, que ya lleva una década. La decisión del viernes restó influencia de los fondos en esas discusiones, al poner en duda el futuro de las órdenes que impiden los pagos.
Hasta ahora el Gobierno selló acuerdos con holdouts por USD 6.100 millones
"Creemos que vamos a tener el número para lograrlo", dijo Nicolás Massot, uno de los líderes del partido PRO de Macri en la Cámara de Diputados.
Los analistas coincidieron con que Macri probablemente conseguirá los votos necesarios en el parlamento, apelando a los miembros moderados de la oposición peronista, que quedó sin un líder claro desde que Cristina Kirchner concluyó su mandato en diciembre.
"Las peleas de facciones dentro del peronismo y la situación financiera crítica de las provincias deberían ayudar a que Macri consiga la derogación de ambas leyes en el Congreso", dijo Ignacio Labaqui, quien sigue a Argentina para la consultora Medley Global Advisors en Nueva York.
El país quedó fuera del mercado global de bonos desde que incumplió pagos de su deuda soberana en 2002. Un 93% de los acreedores aceptaron alrededor de 30 centavos por dólar en las reestructuraciones del 2005 y el 2010.
Pero un grupo de fondos "holdouts" acudieron a la Justicia de los EEUU para reclamar el pago completo. En 2014 convencieron al juez federal de Manhattan para que prohibiera el pago de los bonos reestructurados hasta que se alcanzara un acuerdo.
El juez Griesa expresó que serviría al interés público levantar esa orden, siempre que Argentina derogue las dos leyes y pagara a los acreedores que aceptaron un primer acuerdo al 29 de febrero. El Congreso argentino vuelve a sesionar el 1 de marzo.
Jimena Blanco, una analista de Verisk Maplecroft en Gran Bretaña, coincidió con que Macri debería ser capaz de juntar los votos necesarios para la derogación. "Acordar con los holdouts es la única forma en la que el Gobierno puede continuar aplicando un ajuste económico gradual", dijo Blanco.
"Sin financiamiento externo, la única opción sería un tratamiento de 'shock'. Macri intentará evitar esto por todos los medios posibles", añadió.