Las tres incógnitas que Mauricio Macri debe desentrañar

Alguien va a tener que empezar a tirar de las mantas para ver, por fin, qué hay debajo. Y pronto. La primera manta a correr es la de la fuga y recaptura de los tres evadidos del penal de General Alvear, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. Fuentes del Gobierno que ruegan el anonimato confirmaron a Infobae que investigan si el sábado 8, en Santa Fe, las autoridades, y cuáles autoridades, apresaron a los tres prófugos y, por alguna razón todavía desconocida, dejaron libres a dos para recapturarlos el lunes.

Esta investigación es anterior a la aparición de un video que mostraba la detención de dos personas, que no eran los evadidos, y continúa aún hoy a pesar de esa evidencia que no era tal. El papelón del Gobierno que anunció la captura de los tres fugitivos para dar marcha atrás horas después y admitir que el único detenido era Martín Lanatta, tendría entonces una arista de realidad. Sería gravísimo comprobar que, en efecto, los tres estuvieron detenidos y dos fueron liberados. Casi tan grave como la sospecha que implica la investigación encarada por el Gobierno.

Todavía pervive en algunos cables un relato de la detención del trío ese sábado 8: Martín Lanatta cerca de Cayastá, su hermano Cristian en unos arrozales vecinos a la localidad de Cuatro Bocas y Schillaci muy cerca de Cayastá. Para los amantes de las conspiraciones, pervive también el diálogo ¿real, recreado? entre autoridades santafesinas y fuerzas de la Gendarmería. "¿Dónde tienen a los otros dos?" "En la comisaría de Cuatro Bocas". "No tenemos comisaría en Cuatro Bocas. ¿Dónde los tienen?" La versión proviene de voces que no quieren a la Gendarmería, arropadas ambas por el manto protector del "trabajo en común" que enarbola el Gobierno, a falta de una mejor política.

La duda es si el gobierno de Mauricio Macri preferirá asumir que cometió un error (si es que lo fue) y esperar a que esas sospechas tenebrosas se diluyan para evitar así mayores roces y daños con la administración santafesina, o escarbará hasta dar con la verdad, por ahora es esquiva y enmarañada, que revelaría una cadena más amplia de complicidad de las autoridades con los prófugos, que se extendió desde Buenos Aires a Santa Fe a lo largo de un territorio y de unas fuerzas permeados por la desconfianza mutua.

Quienes pueden echar luz sobre todo esto son los ahora recapturados, que en cambio han elegido el sepulcral silencio de las celdas y sólo hablan por sus abogados, empeñados en presentarlos no sólo como víctimas de poderosas conjuras aún no reveladas, sino como párvulos interesados en la toponimia y la fauna santafesinas.

La otra manta a descorrer, y este parece ser el momento adecuado, debería revelar los verdaderos alcances de la penetración del narcotráfico en la Argentina y cuál fue el grado de responsabilidad, de ineficacia, o de complicidad del anterior gobierno en el exponencial crecimiento de la droga en el país. Las conversaciones confianzudas, cómplices, casi entre compinches, que desnudan los fuertes lazos entre jefes policiales y cuadros del PJ bonaerense identificados con el kirchnerismo, algunos vinculados a ex ministros y funcionarios de Cristina Kirchner, entre ellos el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, merece que el Gobierno profundice su investigación y deje al descubierto esos lazos. Esto es: cómo actuaron hasta hoy y qué grado de participación tuvieron en la fuga y en la cobertura que se dio a la huida de los condenados.

Según el testimonio de Martín Lanatta, ratificado ya ante la jueza María Servini de Cubría, Aníbal Fernández, que en su momento también manejó los organismos de seguridad, aparece muy comprometido en la trama del triple crimen de General Rodríguez, en el tránsito y tráfico de efedrina de hace siete y ocho años y con vínculos al parecer muy firmes con personeros del submundo del delito de Quilmes, su territorio. Tales revelaciones ameritan al menos una acción judicial más enérgica que la encarada hasta hoy, que asemeja la contemplación bucólica de una realidad urgente.

A propósito de esos diálogos entre policías y sospechosos, uno resultó muy esclarecedor. Es el de Leonardo Julián, ex comisario de Ezpeleta y ahora destituido jefe de la DDI de Almirante Brown y Marcelo "El Faraón" Melnyk, preso y sospechado de haber ayudado a los asesinos en fuga. El diálogo se inicia con un: "Hola, ¿Marcelo?" y la respuesta de Melnyk al comisario Julián: "Agacháte y conocélo". La poesía no conoce límites. Lo trascendente es que el comisario le promete "banca" a Melnyk en su nuevo territorio. Por mucho menos de eso, hay gente presa. ¿Desde cuándo existe esa relación entre ambos y cuáles "bancas", y en qué consistieron, permitió Julián a Melnyk, cuya profesión es la de pizzero. ¿Por qué un pizzero precisa de "banca" policial?

El resultado de este escándalo es que Melnyk pidió su excarcelación y el comisario se presentó ante los medios como un funcionario policial probo, honesto y confiable, que se encomendó a Dios y a la Justicia. Es curioso, pero siempre que en la Argentina algún funcionario confía en el juicio de Dios, es porque suele esconder algo terrible. Es de esperar que no sea este el caso.

El descabezamiento de parte de la cúpula de la Policía bonaerense suena a un remedio eficaz pero parcial y que ya se le aplicó en varias oportunidades al paciente: su estado mejora un poco, pero muy rápido vuelve a enfermar. La militarización de la Bonaerense y sus abusos respaldados por el manejo del juego, la droga y la trata, entre otros delitos, es de larga data: viene de los años de la Revolución Libertadora. En 1957, el escritor y periodista Rodolfo Walsh elaboró una serie de artículos críticos sobre la Policía de Buenos Aires a la que calificó de "secta del gatillo alegre", de donde se deriva la hoy sombría y popular expresión "gatillo fácil". Han pasado desde entonces casi seis décadas.

La fuerza policial, que al retirarse del gobierno el kirchnerista Daniel Scioli calificó de ejemplar, carece de elementos, de instrucción, de práctica, de experiencia y en algunos casos hasta de voluntad para enfrentar la amenaza del narcotráfico, que exhibe abundancia de lo que a la policía le falta.

La tercera de las mantas a descorrer debería revelar los verdaderos alcances del daño que la presidencia de Cristina Fernández y el kirchnerismo en general provocaron en la estructura del Estado y en sus empresas con su política de tierra arrasada, puesta en práctica en su tumultuosa adiós al poder. Es urgente conocer a fondo la realidad económica de las provincias, entre ellas Buenos Aires a la que el kircherismo afirma haber dejado casi en el paraíso, y cómo va a funcionar el Estado de ahora en más, si es que puede seguir en funcionamiento a pleno.

Las investigaciones deben abarcar más que el patético puticlub que el ex vicepresidente Amado Boudou había instalado en un despacho del Banco Nación, con equipo de sonido y luces de colores; eso es nada: el estilo hace al hombre. Deben quedar en claro el estado de cuentas de las empresas estatales, recién asoma un escándalo que involucra a Aerolíneas Argentinas con la empresa Sol, que dejó de operar el viernes, y el estado de dependencias públicas que tienen hoy dificultades para operar porque quedaron devastadas por el turbión kirchnerista: desaparecieron computadoras, discos rígidos, archivos completos, documentos, enseres, aparatos electrónicos y hasta maquinarias, como las de Vialidad de La Plata. "Arrancaron hasta los ventiladores de techo", confió desolado un funcionario que desguazaba cerraduras en una dependencia oficial.

Al kirchnerismo no le gusta que se hable de la herencia que dejó. Padece por estos días de cierto síndrome de abstinencia. Dueño absoluto del poder y del Estado durante doce años, intérprete antojadizo y arbitrario de las reglas de la democracia, el llano le es hostil y ajeno; tanto, que ya asomó el primer signo de división del FPV a la hora de votar el presupuesto que proponía la gobernadora Vidal, ante un PJ todavía aletargado.

Por eso también el mundo K elaboró, en lo que fue el dato más pintoresco de la semana, un inaudito "Manual de resistencia activa" al Gobierno, dedicado a la "micromilitancia". De "Cristina eterna" a la micromilitancia, hay un trecho, hay que admitirlo. El manual da una serie de consejos sobre cómo perturbar la vida social argentina, por ejemplo, exigiendo que se cambie de canal en un bar si es que los desdichados parroquianos miran un noticiero o programa que afecte la claridad de sus conciencias, según los postulados K.

¿Cuál hubiese sido la reacción de la entonces Presidente si, durante su gestión, hubiese aparecido un manual de resistencia activa al kircherismo? ¿Cuántas denuncias de golpe inminente, de acciones destituyentes y de complots nacionales e internacionales hubiese lanzado en sus habituales mensajes por cadena?

Mucho menos sutil y recatado que el manual para la micromilitancia, Marcelo Mallo, el ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, reiteró su inocencia, sospecharon que había ayudado a los Lanatta y a Schillaci, criticó al gobierno de Macri por "autoritario y represor" y amenazó con un deseo: "Ojalá que llegue al final del mandato." Mallo es el señor al que, en su casa y en la de su hija, le secuestraron entre armas de guerra, pistolas y revólveres, una picana eléctrica. La tenía, dijo, por hobby.

Descorrer las mantas que tapan lo que está podrido permitirá saber en definitiva si, después de tantos años, el país puede encarar su futuro sin miedos. O todavía no.